Francia ha abierto la puerta a un nuevo ciclo de fuerte contención del gasto público en Europa. El plan radical de recortes, anunciado la pasada semana por el primer ministro, supone el regreso al tijeretazo de los tiempos del rescate en la UE. De hecho, Bayrou comparó la situación francesa con la crisis de la deuda en Grecia, en un intento por justificar la necesidad de aplicar severas medidas de ahorro para evitar la quiebra. Entre ellas, algunas tan impopulares como la congelación de las pensiones y del sueldo de los funcionarios, además de importantes rebajas en prestaciones sociales, especialmente en sanidad. Está por ver la reacción popular a esta política de restricciones que busca espantar la bancarrota. Los recortes adelantados por Bayrou son palabras mayores en una UE acostumbrada a la alegría en el gasto, pese a las señales de frenazo en la economía de socios como Alemania. El temor a un Estado insolvente ha llevado al jefe de Gobierno francés a apretarse el cinto con un presupuesto que no crece y a proponer la supresión de hasta 3.000 empleos públicos en un año, tirando del viejo lema liberal de “hacer más con menos” en la Administración. Solo así se entiende el plan de amortización de plazas: se cubrirán con nuevas incorporaciones dos de cada tres jubilaciones. Las severas medidas de ahorro para contener una deuda disparada a los 3,3 billones amenazan con encoger el gasto en Europa, sumida en la incertidumbre por el pulso arancelario que libra con Trump. Por su proximidad y fuertes vínculos comerciales, parece inevitable la comparación con España a la hora de examinar la capacidad de arrastre de la austeridad francesa. A diferencia del país vecino, la economía española goza de momento de salud, aunque conviene encender las alertas. Por eso Bayrou plantea la disyuntiva con dramatismo. O logra un ahorro de 43.800 millones o Francia se asoma al precipicio. Sea un año en blanco o uno en negro, el primer ministro sigue contra las cuerdas por su debilidad.