Los recientes y vergonzantes casos de corrupción han embarrado el ecuador de la legislatura. Pedro Sánchez llega a este punto desbordado por los acontecimientos, pese a sus esfuerzos por contener el caso Cerdán. A punto de cumplirse dos años de las elecciones generales -23 de julo de 2023- que le llevaron a La Moncloa gracias a un pacto a todas las bandas posibles y con una clara claudicación ante el secesionismo para frenar a Núñez Feijóo, la acreditada resistencia de Pedro Sánchez se ha visto superada. Primero, por el embate de la corrupción entre sus filas, en un capítulo aún abierto que mantiene en vilo el curso político y que le acorrala, tanto a él como a su partido. Y ahora, por las demandas de sus socios de investidura, especialmente del independentismo catalán, ya de por sí insaciable en busca de sus intereses y ahora aún más ávido viendo la debilidad de Sánchez. Atar su apoyo sin dar la sensación de mercadeo ni provocar los temidos agravios territoriales es un reto más que complicado de cumplir, sobre todo cuando se negocia una financiación “singular” para Cataluña que despierta los recelos de los propios barones socialistas. A pesar de la agonía, el tira y afloja que Sánchez mantiene con sus aliados parece más una relación de conveniencia, constatada esta semana en las cumbres de su Gobierno con Cataluña y, días después, con Euskadi. El caso de Cristóbal Montoro ha puesto al alcance de Pedro Sánchez otra tabla de salvación en el momento en que peor lo está pasando. El PSOE acusa al Partido Popular de “prácticas mafiosas” como venganza por la ofensiva popular contra Santos Cerdán. Una estrategia del “y tú más” que solo sirve para una estéril guerra partidista y en nada ayuda a la confianza de los ciudadanos en los partidos y las instituciones. Frente al riesgo de descrédito, se impone la prevalencia del Estado de Derecho para fisurar cualquier grieta por la que cuelen males como la corrupción.