Todo lo que empieza con sombras, favores y silencios suele acabar en escándalo. Es lo que está ocurriendo con Belate: una obra millonaria que prometía ser una infraestructura ejemplar y ha terminado convertida en el túnel más oscuro de la política reciente. El desdoblamiento de sus túneles, obra de 76 millones de euros adjudicada por María Chivite a Santos Cerdán, hoy en prisión, apesta a corrupción.

En septiembre de 2024, UPN denunció el procedimiento ante la Guardia Civil. Lo hicimos cuando otros callaban. Porque vimos que algo no cuadraba, que todo encajaba demasiado bien para dirigir una adjudicación repleta de irregularidades a una UTE con tres empresas, dos de ellas investigadas hoy por la UCO por una presunta trama de corrupción con mordidas a cambio de amaños de obra pública.

Entre ellas Servinabar 2000, según la Fiscalía Anticorrupción empresa creada ad hoc para lucrarse con las adjudicaciones amañadas investigadas por la UCO y vinculada de manera “inequívoca”, también según Anticorrupción, a Santos Cerdán.

El procedimiento de Belate es similar al detallado en el informe de la UCO para adjudicaciones amañadas. Se trataba de garantizar que la empresa implicada obtuviese de la mesa de contratación la máxima puntuación técnica y que la empresa hiciese una baja ligeramente superior a la baja temeraria. La adjudicación de Belate fue un traje a medida. El presidente de la mesa de contratación, excepcionalmente colocado a sus 73 años, cambió con su puntuación la empresa adjudicataria, conociendo de antemano las puntuaciones de los demás miembros de la mesa. Todos los jurídicos de la mesa de contratación recelaron de la transparencia, el procedimiento y la puntuación técnica de la UTE emitiendo votos particulares que advertían de posibles irregularidades. Y la oferta económica se situó ligeramente por encima del umbral de baja temeraria. Un céntimo, un guiño, una carambola. Adjudicación servida. La mecánica es conocida. El resultado, también.

Pero hay más. El secretario de la mesa de contratación -no UPN, un técnico- dijo en el Senado que hubo ilegalidades. Que el certificado de solvencia de la empresa se pidió de manera “estrambótica” y “extemporánea” por un cargo político del gobierno de Chivite que no tenía competencia para ello. Que el gobierno ocultó documentación, que los procedimientos no fueron normales y que deberían invalidarse. En resumen: que todo esto huele a cocina.

Y María Chivite calla. Peor: siguió adelante haciendo caso omiso a las advertencias jurídicas y de UPN, no quiso revisar la adjudicación por parte de la Junta de Contratación Pública de Navarra e impidió que los técnicos comparecieran en el Parlamento de Navarra. Tapó. Bloqueó. Encubrió. Eligió proteger a su entorno antes que proteger a Navarra.

La cosa tampoco acaba aquí ni sabemos si acabará. Esta misma semana hemos conocido un sobrecoste de 9 millones de euros por deficiencias del proyecto y detectados apenas iniciadas las obras. María Chivite ocultó nuevamente este sobrecoste en su reciente comparecencia ante el Parlamento, donde ofreció un relato parcial, cuidadosamente incompleto. Y la existencia de este sobrecoste se sabe desde hace muchos meses. ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué más esconde?

Hay una cadena de nombres que no puede ignorarse: Cerdán, Chivite presidenta, Chivite tío y consejero, director general de obras públicas, presidente de la mesa de contratación. Todos necesarios para que esta maquinaria funcionara. Una maquinaria en la que María Chivite termina adjudicando la mayor obra de Navarra en los últimos años a su amigo, su mentor, su conseguidor, su máximo apoyo y quien realmente mandaba en el PSN y en Navarra, Santos Cerdán.

Desde UPN exigimos claridad. Pero, sobre todo, exigimos responsabilidades. Porque quien entiende el servicio público como una vocación ya hubiera dimitido ante un escándalo como el de Belate. Por el contrario, quien sirve a otros intereses, se aferra al cargo mientras todo se hunde a su alrededor. Este escándalo no se tapa con ruedas de prensa vacías, ni con excusas ridículas, ni con lacrimosas poses melodramáticas, ni con actitudes victimistas ni con una presidenta escondida. Navarra merece otra cosa. Merece gobernantes honestos, no aupados y sustentados por un presunto corrupto. Merece un gobierno fuera de toda sospecha.

A veces no hace falta una sentencia para intuir cómo se desarrolla una partida. Si el crupier reparte, elige a quién se sienta y la suerte siempre sonríe al mismo lado de la mesa, cualquiera empezaría a sospechar.

La millonaria adjudicación de los túneles de Belate no necesita grandes elucubraciones: demasiadas coincidencias, demasiadas ventajas y demasiados silencios desde el poder. Finalmente será la justicia la que determine si existen responsabilidades penales si se demuestran mordidas. Pero con todo lo que sabemos ya, la ciudadanía tiene derecho a pensar que el juego no es limpio. Y en democracia, cuando eso sucede, toca asumir responsabilidades políticas. Sin excusas. Sin rodeos.

Hoy es el día que María Chivite sigue sin poder explicar cómo ha adjudicado una obra de 76 millones de euros a Santos Cerdán, el amigo y mentor encarcelado por supuestas mordidas de obra pública, entre otras cuestiones. A Chivite solo le queda una salida: dimitir.

Cristina Ibarrola. Presidenta de Unión del Pueblo Navarro