La Comisión Europea ha puesto en cuestión ante el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) que la ley de amnistía llamada a exonerar las causas penales, administrativas y contables vinculadas al procés catalán respondiera al interés general de los españoles, y no, en realidad, al interés político de que Pedro Sánchez consiguiera forjar su investidura. Que es lo que fue, una claudicación al secesionismo para seguir en Moncloa. Los servicios jurídicos de Bruselas se hacen eco de una evidencia a la que recurrió el propio presidente del Gobierno cuando el Constitucional avaló la amnistía, al destacar que la sentencia dejaba claro en qué consistía el ejercicio de la política en democracia.

Con sus objeciones, el Ejecutivo comunitario también cuestiona que las instituciones españolas hicieran caso a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, al optar por una tramitación vía proposición de ley y con carácter de urgencia que soslayaron el parecer de los órganos constitucionales, como el Consejo de Estado o el del Poder Judicial, que pudieran informar sobre el contenido de una iniciativa legislativa tan controvertida. Iniciativa que en nombre de “la reconciliación” ha generado por sí misma una notable división en la política y en la sociedad españolas. Porque si en Cataluña se vivió un conflicto, como gusta decir al falaz relato del independentismo, fue sencilla y llanamente porque las fuerzas secesionistas lanzaron un pulso intolerable al Estado de derecho convocando una consulta ilegal. No hay más.

El TJUE no podrá eludir en sus deliberaciones la presunción de que la norma pactada entre los partidos del Gobierno y las formaciones beneficiadas por el olvido penal se convirtió en una autoamnistía. Y ello con independencia de que, al examinar las cuestiones prejudiciales que le han elevado el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, la corte de Luxemburgo descarte que el articulado y la aplicación de la ley vayan en perjuicio del erario de la Unión o de los principios que combaten la violencia. No será fácil que PSOE, Sumar, ERC y Junts encuentren en la decisión que finalmente adopte el TJUE argumentos que validen punto por punto sus propósitos y una narrativa que les permita acallar la crítica y la desazón que sigue suscitando no solo la amnistía, sino su interpretación por parte del secesionismo.