El acuerdo entre el Gobierno y los partidos independentistas catalanes ha reabierto una profunda brecha política e institucional en España. Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, paga así la primera letra del apoyo prestado por ERC y Junts para que Salvador Illa presida la Generalitat de Cataluña, y la segunda por el silencio cómplice de esos mismos partidos ante los escándalos de corrupción que acechan al PSOE y su entorno.

Lo pactado supone una ruptura clara de los principios fundamentales del Estado: la igualdad de todos los españoles, la solidaridad interterritorial y el sistema de financiación común que, hasta ahora, solo reconocía regímenes forales especiales a Navarra y el País Vasco. El nuevo marco, que contempla que Cataluña pueda recaudar y gestionar directamente impuestos como el IRPF, supone la quiebra de la “caja común” y un paso hacia un modelo confederal que no está recogido en la Constitución. Según lo que ha trascendido, la Generalitat podría asumir de forma inmediata la gestión de unos 30.000 millones de euros anuales. Para ello, se requeriría modificar leyes clave, como la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas).

Expertos en derecho constitucional y asociaciones de inspectores de Hacienda han advertido del riesgo jurídico y técnico de esta cesión. La infraestructura fiscal, aseguran, no está lista. Para muchos, este pacto es un episodio de corrupción política: un intercambio de favores entre un presidente en minoría y fuerzas independentistas que han encontrado en la debilidad de Sánchez la ocasión perfecta para avanzar en su agenda. Lejos de responder a un interés general o a una reforma consensuada del modelo territorial, lo acordado nace de una necesidad urgente de votos para mantenerse en la Moncloa. Una cesión con un alto coste para la cohesión y el equilibrio del país.