El presidente del Gobierno debe de tener una memoria muy selectiva, porque le bastaría recordar, o que le recordasen, las palabras que pronunció en la moción de censura de Rajoy (y en otras muchas ocasiones) respecto de la corrupción para que, ipso facto, renunciara y convocase elecciones inmediatamente: por vergüenza, por honradez personal, por coherencia. Al parecer ninguna de las tres forma parte de su acerbo cultural. Se guía únicamente por la conveniencia y la oportunidad de cada momento. Es inmune a todo lo que no sea mantenerse en el poder. Esa falta de principios y su consiguiente relativismo ético —la corrupción de los demás es imputable y la de mi propio gobierno o partido no lo es— es la mayor de las corruptelas y levanta un muro de incertidumbre en la propia sociedad.

Corrupto no es solo el que comete el supuesto delito sino también el que lo permite pudiendo evitarlo. Entiéndase de los partidos que sostienen al gobierno que —por puros intereses partidistas, no por el bien del país, pues su país no es España— permiten que esta situación siga como si nada hubiera pasado, salvo algunas declaraciones de rostros hieráticos que se lleva el viento. Es inevitable pensar en lo que sería la calle si esta situación se hubiera dado en un partido de la oposición en el gobierno.

Desde hace mucho tiempo, y también ahora, la izquierda ha alardeado de su superioridad ética (no digamos moral, porque la desconocen, ni tampoco distinguen una de la otra) respecto de la derecha, y no es cierto. Como tampoco lo es a la inversa: la derecha no ha demostrado que esté por encima de la ética de la izquierda, al menos en algunas cuestiones. Ambos ambicionan el poder que, si no se utiliza para servir a los ciudadanos, es igualmente disolvente en los dos bandos. Y todos ellos tienen motivos para avergonzarse por no ejercer el poder en servicio de la sociedad. Nadie debería ser admitido en la política sin antes haber ejercido una profesión honrada (sea jardinero, administrativo, abogado, médico...), saber lo que cuesta ganar un salario y haber sufrido las consecuencias de un trabajo duro y, en ocasiones, poco gratificante.

Y en nuestro país tenemos demasiados políticos que nunca han trabajado al margen de la política, se han arrimado a las ubres de lo público, de lo que es de todos, sin importarles su aportación a la causa común. Tenemos demasiados políticos que se limitan a votar en el Parlamento —cuando acuden— y nadie se pregunta si tal voto es o no productivo, si aporta algo a la comunidad, aparte de la disciplina de partido que le obliga a hacer clic en el botón de su asiento, sin preguntarse la coherencia de lo que vota. Probablemente ni le importa. Así se entiende que la dimisión —por causas admitidas en otros países de nuestro entorno— parezca algo insólito entre nosotros. Pero es muy sencillo: algunos no sabrían a qué dedicarse si se apartan de la política. Esta es la triste y lamentable realidad.

La corrupción no es una cuestión de siglas de un partido u otro, sino de personas concretas, pero quienes les acogen, y con más motivo si se les nombra en un cargo, deben asumir las responsabilidades correspondientes. Forma parte de la triste condición humana y en todas partes cuecen habas.

Por esto, la afirmación de un diputado en los pasados días de que “la izquierda no roba” es de una ingenuidad que roza el esperpento. Pues claro que la izquierda roba, y también la derecha cuando puede; la tentación se presenta en ocasiones, al alcance de la mano. Y es una manifestación de que las instituciones no funcionan. Esto último es lo grave porque los entornos del poder que deben contrabalancear los peligros del ejecutivo que tiende a caer en la autocracia —ni siquiera hay democracia en los propios partidos— tienden a evaporarse.

El espectáculo que estamos presenciando con el partido gobernante no es solo vergonzoso —que lo es— sino impúdico, sin calificativos que puedan abarcar el daño general que originan. Sin embargo, mucho más importante y de mayor gravedad que la corrupción de los tres magníficos (uno de ellos ya está en la cárcel) que, al fin y al cabo, han tratado de asegurarse el futuro económico —salpicado con algunas obscenidades no justificables pero sí comprensibles— es la mentira por sistema que este gobierno ha impuesto desde el primer día que se hizo con el poder.

Una mentira sistémica que engloba todo el espacio que abarca la legislatura entera, una mentira injustificable basada en la falta de principios y con el único objetivo de que la “derecha” no gobierne. Para ellos la “derecha” no está legitimada para gobernar y, por el contrario, lo está el que ataca las reglas básicas de la convivencia democrática y las diluye si con ello consigue que la derecha no gobierne. Evitar la alternancia poniendo todos los medios para ello es una manifestación del más genuino fascismo. Por no hablar de algo todavía más insólito: un Tribunal Constitucional que aprueba lo que niega el más elemental sentido común.

Francisco Errasti. Economista.