El presidente Pedro Sánchez mantiene la respiración asistida de la legislatura, después de salvar el bronco pleno monográfico sobre la corrupción en el Congreso de los Diputados, sin desmarques notables de sus socios y con el PNV como una de las voces más críticas. Gana margen con sus aliados a la espera de lo que puedan deparar las investigaciones judiciales, que mantienen en vilo a los socialistas. Aunque la durísima intervención de Alberto Núñez Feijóo ya adelanta lo que cabía esperar: una pugna feroz para lo que resta de legislatura. Con el consiguiente desgaste para la credibilidad del Gobierno y la tarea que tiene por delante. 

Sánchez compareció en el Congreso con una premisa clara: resistir. Y para ello siguió el mismo guion que viene recitando desde que estallara con especial intensidad el caso Cerdán, que acorrala al PSOE y al Gobierno que preside por la presunta trama del cobro de mordidas. Antes de presentar a la Cámara su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, diseñado junto a la OCDE, Sánchez se limitó a realizar una cronología de los hechos que tienen que ver con Ábalos y Cerdán sin mayores explicaciones, reiterando una vez más que se equivocó al confiar en ellos. Es su manera de tratar de encapsular esta crisis en la cabeza de las personas hoy imputadas por el Supremo. Como es habitual en lo que llevamos de legislatura, Sánchez mezcló el victimismo, la decepción y los ataques el PP, para después presentarse nada menos que como una especie de líder de la resistencia y salvador de la corrupción. 

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Su afirmación de que pensó en dimitir y convocar elecciones resulta tan poco creíble a estas alturas de su trayectoria como su retiro a reflexionar cuando estalló el caso judicial que afecta a su mujer. Porque sigue sin asumir ninguna responsabilidad. Y tiempo ha tenido. Donde sí resulta convincente Sánchez es en que “no va a tirar la toalla” y va a “continuar”. Pocas dudas caben de quien ha hecho de la necesidad virtud y de las claudicaciones a sus socios el camino para manejarse por la legislatura. En un ejercicio de sublimación del trilerismo político, Sánchez pretende volver a hacer con la presunta corrupción que apela a su partido y su Ejecutivo un problema de país, como hizo con la ley de amnistía, gracias a la que gobierna. Hasta que estalló el informe de la UCO de la Guardia Civil que ha acabado con su mano derecha Santos Cerdán en la cárcel, todo eran acusaciones a los medios de bulos y desinformación. 

Ahora le ha entrado la urgencia por un plan que, seguro, podrá aportar mejoras a las fallas del sistema, pero que en su premura tiene como objetivo esencial contentar a los socios para seguir en el sillón. Que la corrupción cero no existe es evidente. Como también lo es que quienes mejor la combaten son las fuerzas de seguridad y los jueces, como ha vuelto a quedar de manifiesto en el caso Ábalos-Cerdán. Reforzar su capacidad sí es importante, tanto como no desacreditar su trabajo por parte del propio Gobierno y de sus socios cuando no les es favorable. Sánchez sigue dispuesto a resistir aún a costa de llevar la legislatura a un límite agónico.