Echando la vista atrás, ya han pasado ocho legislaturas desde que se concibió Erripagaña. Los hitos de cada una han sido la transformación de la AR1 en residencial (1998), el diseño del PSIS (2002), la aprobación del PSIS (2004), la urbanización de la AR1 (2008), la construcción de las primeras viviendas (2011), el convenio de coordinación (2016), la transformación de la AR2 en residencial (2022) y la urbanización de la AR2 (2025).

En resumen: planificación residencial sin servicios y crecimiento de la edificabilidad, justificado en la necesidad social de vivienda, pero sin cubrir las necesidades sociales del vecindario. Los cuatro ayuntamientos y el gobierno regional se han dedicado a ingresar al por mayor y a invertir al por menor. Han diagnosticado (diagnóstico de situación del Gobierno en 2019, resolución del Defensor del Pueblo en 2023, informe de Comptos de 2024, informes económicos municipales en 2024) pero no han actuado: ni en la solución administrativa ni, lo que es más grave, en la dotación de servicios.

Un nuevo diagnóstico (encuesta sociológica) se prevé para el último trimestre de 2025. ¿Y cuándo se va a actuar? Adelantamos alto y claro que es un fraude entretener y alargar plazos sin abordar las actuaciones, para acabar diciendo que la legislatura llega a su fin y que los siguientes decidirán. Estamos a tiempo de evitar una nueva legislatura fallida para Erripagaña. Ello requiere, además de diagnósticos, decisiones efectivas, pasos administrativos concretos. No se puede tomar el pelo indefinidamente a miles de personas. A estas alturas, la parálisis por el análisis resulta indignante.