El  mandato ayer del instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente para que la UCO de la Guardia Civil entrara en el edificio central del PSOE en Madrid, con el objetivo de clonar los mensajes de Santos Cerdán en el correo electrónico corporativo del partido, en el Ministerio de Transportes, a fin de hacer lo propio con los de su extitular José Luis Ábalos, devolvió a la política y a la ciudadanía a las intolerables imágenes vinculadas a la corrupción de un pasado que, lamentablemente, vuelve a reproducirse. Además ayer se conoció que el juez imputa a Cerdán, que está citado en el Supremo el día 30, y cinco empresarios, entre ellos el dueño de Servinabar, la empresa en el ojo del huracán. Además, el magistrado ha ordenado investigar todas las cuentas y bienes del que hasta esta semana ha sido secretario de organización del PSOE y mano derecha de Sánchez.

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Precisamente por ello, resulta baldío el esfuerzo de los socialistas, la formación que lidera el Gobierno del país, por enmarcar la operación de la Guardia Civil en sus oficinas de la calle Ferraz en “la normalidad” del procedimiento judicial abierto, aun cuando fuera una de las medidas que cabía esperar por parte del magistrado. Porque ni es normal, ni la sociedad española debería interiorizarlo como tal periódicamente, que un lugar tan simbólico en un sistema democrático como la sede de un partido sea escenario de una intervención policial bajo orden de un magistrado por supuesta corrupción. Como resulta a todas luces un argumento imposible que el presidente Sánchez y los dirigentes y cargos que lo rodean pretendan diluir el, cuando menos, golpe reputacional sufrido evocando el sortilegio de que Cerdán, Ábalos y Koldo García son solo tres manzanas podridas en el cesto de la familia socialista. Cuando sus presuntos ilícitos, que ahora seguirán el camino de la justicia, como corresponde en un Estado de Derecho, se prevalieron del peso y la influencia de una sigla histórica que afronta ahora un golpe mayúsculo.