En medio de la oscuridad que acecha el Partido Socialista, y por extensión al Gobierno que preside Pedro Sánchez en los últimos días, ávido de noticias que desvíen el foco de sus horas más crudas tras las revelaciones de la UCO, ayer se hizo público, casualmente, el informe que analiza las causas del apagón que fundió a negro la práctica totalidad del país el 28 de abril. Un informe que reparte responsabilidades. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, dijo ayer que el apagón se produjo por un problema “multifactorial” y avanzó un decreto para reforzar el sistema. Si algo evidenció el suceso que tuvo en vilo al país durante horas es que no solo descubrió graves fallos técnicos, sino también una preocupante ausencia de liderazgo político. El informe presentado por la ministra Aagesen culpa a Red Eléctrica (REE) y a las grandes generadoras, pero evita asumir responsabilidades de planificación propias, a pesar de que REE tiene un 20% de capital público. 

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Sabían desde la noche anterior que una de las centrales críticas no estaría disponible. Aun así, no se activaron refuerzos. Según el informe, las nueve restantes no reaccionaron como tocaba, y las desconexiones en cadena agravaron el colapso. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el informe “no es un juicio”, evitando dimisiones y ocultando qué plantas fallaron, escudándose en la confidencialidad solicitada por el sector. La gestión fue tardía, opaca y tecnocrática. Se descartó un ciberataque, pero se identificaron vulnerabilidades que siguen sin resolverse, como la inversión milmillonaria necesaria para el almacenaje. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) deberá ahora investigar lo que el Gobierno no quiso afrontar y junto a la justicia serán quienes determinen quién paga las indemnizaciones a empresas y hogares afectados. En este caso, el Gobierno debería aplicarse la máxima de que no basta con señalar a otros y democratizar las culpas. Falló quien tenía que prever, coordinar y proteger.