Peligroso menoscabo de la labor judicial
"El procesamiento del fiscal general ha vuelto a poner sobre la palestra el peligroso cuestionamiento que desde el Gobierno se viene realizando de la justicia durante la legislatura"

Publicado el 12/06/2025 a las 05:00
El clima de crispación política que vive España, encarnado especialmente en los dos principales partidos, PSOE y PP, dejó ayer un nuevo episodio en la sesión de control al Gobierno. El presidente Sánchez y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, protagonizaron un tenso cara a cara en la primera ocasión en la que el jefe del Ejecutivo comparecía en la Cámara después de los espinosos asuntos que merodean al Gobierno, como los registros de la UCO en el domicilio del exministro socialista Ábalos, los audios de la ex militante socialista Leire Díez y el procesamiento del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Precisamente, este último caso ha vuelto a colocar sobre la palestra el peligroso cuestionamiento que desde el Gobierno se viene realizando durante la legislatura de la labor que realizan los jueces. Validándola o cuestionándola, con mayor o menor altisonancia, cuando le resulta conveniente. Por más que el ministro del ramo , Bolaños, no se sienta aludido.
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La ministra portavoz, Pilar Alegría, preguntada el martes por el procesamiento del fiscal general, no dudo en poner en duda el auto del juez del Supremo. “A estas alturas es evidente que algunos jueces están haciendo cosas muy difíciles de entender”. Una formulación que ella misma tildó de “prudente, pero de suficientemente explícita”. El cuestionamiento de la independencia judicial es un camino insensato que sólo conduce al desprestigio del Estado de Derecho, fundamentado en la separación de poderes, al tratar de menoscabar la credibilidad de uno de sus pilares básicos. Ayer, el paro convocado por asociaciones de jueces y fiscales en todo el país en protesta por las reformas legislativas del Gobierno puso de manifiesto el malestar del colectivo por lo que consideran constantes ataques a la independencia judicial. Y la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial reclamó también a todas las autoridades el “cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial”. Si como dicen las personas investigadas en las pesquisas cercanas al Ejecutivo, ningún delito han cometido, y no hay razón para dudarlo, nada mejor que dejar que la Justicia siga haciendo su trabajo. Los ataques interesados a la misma conducen a un camino muy peligroso y de impredecibles consecuencias.