Jordi Gual Solé (1957) es bien conocido en el ámbito de la economía nacional porque ha sido presidente de CaixaBank entre 2016 y 2021 y, en un ámbito más general, porque los medios de comunicación han expandido su imagen con generosidad. Es doctor en Economía por la Universidad de California (en Berkeley) y profesor del IESE Business School. Fue director general de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. Su solvencia profesional avala lo que dice y escribe. Ha publicado recientemente un libro de gran interés, de modo especial en estos tiempos de confusión en los que no resulta fácil distinguir la verdad de la mentira y, por tanto, la desconfianza campea a sus anchas en el territorio de las relaciones humanas, sociales y políticas en su contexto más amplio. El título del libro, Confiar no tiene precio, engloba y abraza cualquier consideración que se quiera llevar a cabo en las instituciones públicas y en la economía de libre mercado que, para su buen funcionamiento, necesitan una atmósfera limpia, transparente, sin trampas que emborronen las coordenadas en las que se mueven. Y pone de manifiesto que, en las últimas décadas, la confianza de los ciudadanos ha disminuido.

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Según una Encuesta Mundial de Valores (2017-2022) que mide el porcentaje de los que confían en los demás, los países nórdicos de la Unión Europea son los que tienen mejores resultados: 73,9% en Dinamarca, 68,4% en Finlandia y 62,8% en Suecia, mientras que países como Rumanía está en el 12,7% y Grecia en el 8,4%. España, con el 41%, se encuentra en la media europea. ¿Son estas cifras extensibles a la confianza en las instituciones públicas, los gobiernos y los partidos políticos? Han pasado tres años desde esa última encuesta. ¿Podemos afirmar que la confianza en todos estos órganos de presencia pública es la misma ahora que entonces?

La deriva hacia la desconfianza ha ido creciendo en los últimos años debido a factores muy diversos: cambios en el entorno económico han alterado la sensación de seguridad y se contempla un futuro ensombrecido; la revolución digital y la inteligencia artificial se contempla con recelo, no obstante sus factores positivos; la pandemia del COVID ha dejado una profunda huella de inseguridad y el temor a su repetición; la crisis financiera del 2008 no ha borrado del imaginario colectivo la desconfianza hacia las instituciones de ese sector.

El caso de España es muy particular, y puede afirmarse que el grado de polarización política y social al que se ha llegado hubiera sido difícilmente concebible hace tan solo unos años. El año 2024 se hizo público la concesión del Premio Nóbel de Economía a D.Acemoglu, S.Johnson y J.A.Robinson por sus estudios sobre cómo el funcionamiento de las instituciones afecta a la prosperidad de las naciones. Lo demuestran por medio de un estudio amplio y meticuloso de los sistemas políticos y económicos de un buen número de países que confirman la tesis que desarrollan.

Son los partidos políticos (y más, en concreto, el partido que gobierna) quienes deben inspirar, debido a su buen hacer, la confianza de sus ciudadanos. Los gobiernos caen porque se desconfía de ellos y esa desconfianza se debe en primer lugar porque existe la convicción de que no se ocupa de sus problemas reales: pensemos, por ejemplo, lo que sucede en nuestro país con la vivienda y la corrupción ya sistémica. Están entretenidos en capear sus múltiples problemas, sin tiempo para resolver lo que preocupa a la gente. Ambos son problemas reales y graves.

Afirmaba F. Hayeck que “en el actual esquema institucional cualquier grupo puede imponer sus particulares pretensiones al resto de la sociedad, no sobre la base de persuadir a la mayoría en cuanto a la justicia o equidad de la misma, sino apelando a la amenaza de retirar su apoyo a los grupos que sin él no pueden disponer del respaldo de la mayoría”. He aquí el vivo retrato de lo que sucede en el Congreso de los Diputados de España, en el que unos pocos imponen el criterio de sus propios intereses, dejando a un lado a la mayoría social. Conceder prebendas económicas injustificadas a grupos minoritarios por la amenaza de que los pocos votos que poseen en el Congreso podría arruinar la gobernabilidad, como sucede por ejemplo con las concesiones arbitrarias a Cataluña. Es un fraude al conjunto de la población que se ve así obligada a soportar el coste de esas prebendas que el gobierno obtiene a través de la deuda pública, que se sufraga con más impuestos del resto de las Comunidades Autonómicas.

Si, además de contentar a pequeños grupos de intereses que interfieren con sus exigencias en la más elemental ética política, el propio gobierno pone coto a las actuaciones judiciales o las critica abiertamente, con lo que supone de ruptura de su independencia, nos deslizamos hacia una desconfianza general hacia los que nos gobiernan. Una sociedad consciente debe rebelarse frente a tamañas actuaciones que desdibujan de contenido la verdadera democracia.

Francisco Errasti. Economista