El Consejo de Ministros acordó a comienzos de mayo enviar al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, sin disminución salarial. El plazo de enmiendas se sigue retrasando y está abierto, de momento, hasta el 11 de junio. La reducción de jornada, de aprobarse finalmente, afectará, tal vez con algunas excepciones, a todas las empresas y sectores laborales de nuestro país. La reforma laboral de 2025 en España se centra principalmente en tres pilares: a) la reducción de la jornada laboral ordinaria máxima de 40 horas, vigente desde el año 1983, a 37,5 horas semanales, antes del final de 2025, equivalentes en cómputo anual a 1.712 horas/año, frente a las 1.820 horas actuales, con un nuevo derecho laboral, el de la desconexión digital de los trabajadores y empleados públicos al acabar la jornada, fuera de su horario laboral; b) implementación de la garantía de un registro horario digital obligatorio en el ámbito laboral; c) además, se prevé un aumento del Salario Mínimo Interprofesional en 2025 a 1.184 € brutos/mes.

La medida de reducción de jornada beneficiará, en su caso, a un total de 12,5 millones de trabajadores del sector privado, 6,8 m. de hombres y 5,7 m. de mujeres; a 10,5 millones de trabajadores a tiempo completo, cuyo 60,5 % son hombres; y a 2 millones de trabajadores a tiempo parcial, cuyo 75% son mujeres. 

Así pues, se avecinan grandes cambios en materia laboral, que quedan pendientes de su aprobación legislativa. Sin embargo, estas medidas, acordadas entre el gobierno y los sindicatos, que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida en el trabajo mediante la conciliación de la vida laboral y familiar, aumentar la productividad y el poder adquisitivo de los trabajadores y promover la sostenibilidad del sistema de pensiones, no implican la entrada en vigor de dicha norma, puesto que tendrán que ser debatidas y votadas en el parlamento.

Las expectativas del Gobierno son las de lograr su aprobación a lo largo de este año 2025, con el objetivo de hacerlo antes del final del verano. Por tanto, no hay un calendario definitivo ni fecha de implantación de la nueva jornada laboral. Además, existen otras medidas, con un impacto significativo en el mercado laboral, modificaciones en las bases de cotización y cuotas, cuota adicional de solidaridad para salarios con base máxima, cambios en cotización de autónomos para 2025 y en indemnizaciones por despido, y compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. La reducción de la jornada máxima laboral desde las 40 hasta las 37,5 horas supondrá que los empleados perciban el mismo salario trabajando 2,5 horas menos cada semana, aumentando así el valor de la hora trabajada. 

Debido a los avances tecnológicos, cada vez más empresas recurren al teletrabajo, o trabajo a distancia, que no es un derecho obligatorio, sino una opción que necesita de acuerdo entre empresa y trabajador; la digitalización es el principal problema de la no desconexión laboral, viéndose a veces los empleados perjudicados en su descanso, y por ello el ministerio y los sindicatos han tenido que acordar una medida que ampare a los empleados durante sus jornadas. Otro factor importante es que la reducción de jornada semanal no afectará al salario mínimo 2025, que permanecerá inalterado, salvo nuevas posibles alzas.

En mi opinión, el proceso de aprobación legislativa del proyecto de ley de reforma laboral, enviado a las Cortes, es un avance, pero también implica un reto empresarial y un cambio estructural en el mercado laboral sobre productividad, reparto del tiempo y organización del trabajo, con un panorama bastante complicado; prueba de ello es que la patronal no ha firmado ningún acuerdo con gobierno y sindicatos. Evidentemente, existe un peligro, porque el partido Junts ha declarado que tratará de tumbar el proyecto de ley, señalando que los catalanes no son unos vagos ni viven de subvenciones, aunque la ministra Yolanda Díaz confía en que aún queda margen para convencer a Puigdemont. En cualquier caso, el debate de la reducción de jornada está servido, pues emerge un conflicto ideológico que va mucho más allá de horas y sueldos: ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Desde sectores sindicales se sigue apostando por la reducción de jornada como vía hacia el tiempo libre y el pleno empleo, pero esto, sin un cambio de paradigma, tampoco es una panacea. Por el contrario, el verdadero progreso se mide en el grado de bienestar, en vivir mejor, no en horas trabajadas ni en crecimiento económico. Y en ese replanteamiento, la clave está en poner la vida, no el empleo, en el centro de la cuestión. Evidentemente, España tiene una oportunidad histórica para avanzar hacia un país más justo, equitativo y saludable, es decir, hacia el estado del bienestar, pues no se trata sólo de ganar tiempo libre, sino de conquistar el derecho a vivir con dignidad.

Francisco Javier Sagüés Sala. Abogado