La sucesión de escándalos en el entorno del Gobierno y su acusada debilidad parlamentaria han sumido la legislatura en un punto angustioso para Pedro Sánchez. Pese a su contrastada resistencia, lleva un mes sin responder a los nuevos frentes abiertos. El judicial crece por la apertura de juicio a su hermano David Sánchez y al líder de los socialistas de Extremadura por el presunto enchufe del primero.

 Además, el juez Peinado tiene luz verde para investigar a Begoña Gómez, mujer del presidente, por valerse supuestamente de su influencia en La Moncloa para su “carrera profesional”. 

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Y con el eco aún del caso Ábalos, llega Leire Díez, la fontanera del PSOE, con una entrega de tejemanejes contra investigadores de la UCO y fiscales. Es obligado que el presidente del Gobierno y la dirección del PSOE aclaren los últimos escándalos y expliquen lo que nadie ha sido capaz de hacer todavía: ¿qué hacía allí la militante Leire Díez? Ella alega que investigaba la presunta corrupción en la UCO. Pero casualmente lo hacía sobre mandos de la Guardia Civil que han puesto en un brete al entorno de Sánchez. Si Díez actuaba por libre, revelaría una peligrosa falta de control dentro del partido. Si no, peor, porque cualquier trama urdida en los bajos fondos con ese fin tan espurio en democracia llevaría al límite la legislatura. 

La apertura de un expediente sin consecuencias a la militante es la tibia respuesta del PSOE. Si no quiere quedarse sin argumentos en su pulso contra Alberto Núñez Feijóo, se impone la transparencia. El frenazo de la UE a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego agrava el delicado momento de Sánchez, sabiendo que Puigdemont, en Waterloo un año después de la ley de amnistía, es un experto en aprovechar la debilidad del Gobierno. El PP también lo sabe y pretende una gran movilización el 8 de junio. “Esto va de democracia o mafia”, según Feijóo, que señala a Sánchez como el “capo” frente a la “campaña mafiosa” que denuncia el PSOE. La polarización solo traerá más excesos a una legislatura atascada.