La Ley de Amnistía, la principal y más vergonzante claudicación de Pedro Sánchez al secesionismo, fue aprobada por las Cortes el 30 de mayo de 2024, con el enunciado “para la normalización institucional, política y social en Cataluña”. Un año después está pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma. La amnistía para los delitos cometidos durante el procés fue la reivindicación que mantuvo unido al independentismo catalán después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo emitiera su sentencia condenatoria contra doce dirigentes secesionistas. 

Pero fueron los resultados de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 los que hicieron posible su promulgación. Se convirtió en el trueque definitivo para que ERC y Junts apoyasen la investidura de Pedro Sánchez, después de que el PSOE se mantuviera en contra de la amnistía. El cambio de postura socialista sólo tuvo y ha tenido el objetivo de mantener a Sánchez en el poder a cualquier precio. Aún a costa de tensionar las costuras del Estado de Derecho. Su tramitación parlamentaria se produjo como proposición de ley del Grupo Socialista, con lo que se asimiló a la “normalización institucional, política y social en Cataluña”, y ésta a la continuidad de una “mayoría de progreso” como sostén de un gobierno de coalición. A menos de un mes de que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, la medida de gracia legislativa con la que el independentismo aspiraba a borrar la naturaleza delictiva de actos que se sucedieron durante el procés, Puigdemont y Oriol Junqueras, por ahora se han visto excluidos de la amnistía en tanto que la malversación y la inhabilitación no se contemplan entre sus supuestos. 

Junqueras persiste en alegar que la aplicación de la norma está viéndose viciada por la “rebelión judicial” de las instancias que no la aplican. Una acusación de arbitrariedad y prevaricación con la que el independentismo se obstina en interpretar la amnistía como una ley automática sobre cuya aplicación nada tendrían que decir los tribunales de justicia, empezando por el Tribunal Supremo. No es por desconocimiento, sino por frustración, y su intención, como han demostrado en reiteradas declaraciones es seguir apretando al Gobierno, en su pretensión de que puede hacer más.