La Intervención Delegada, que vela por la legalidad de los expedientes de gasto de la administración, ha expresado sus “reparos” a decenas de subvenciones que los departamentos de Derechos Sociales y Cohesión Territorial han otorgado a dedo a ayuntamientos y entidades públicas y privadas. No es la primera vez que alguien levanta el dedo ante la excesiva proliferación de subvenciones nominativas. Ya lo hizo la Cámara de Comptos también. 

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La conclusión es que estas deben estas justificadas por su urgencia y excepcionalidad, o depender de una planificación, porque de lo contrario pueden “provocar desequilibrios territoriales”. La realidad es que la concesión de manera directa, fruto de la negociación de las fuerzas políticas, y que viene de lejos, puede chocar contra el procedimiento de concurrencia en igualdad cuando precisamente el rigor en el uso de los fondos públicos es lo mínimo exigible a una administración.