La creación de una plaza relacionada con actividades musicales en la Diputación de Badajoz, y su adjudicación a David Sánchez -hermano del presidente del Gobierno- se encuentra ya en otra dimensión. La jueza Beatriz Biedma, que instruía una causa por prevaricación, tráfico de influencias y nombramiento ilegal, ha decido abrir juicio oral. Una salto adelante que deja sin argumentos a todos las voces socialistas que habían visto en este caso tan sólo una persecución política hacia el presidente desde la ultraderecha. Además, el caso ha acabado impactando de lleno también en el responsable máximo de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Una contratación y la tarea desarrollada en la Diputación, que han estado rodeadas de tanta opacidad y de tantos interrogantes que, cuando menos, son irregularidades, que ahora se dilucidarán en un juicio. 

El tema tiene también una grave derivada en el PSOE extremeño. Gallardo ha dejado de golpe la presidencia de la Diputación señalada judicialmente para, gracias a la generosidad de quienes formaron parte de la lista socialista, acceder a un acta como miembro del parlamento de Extremadura para pasar a estar aforado. Lo ha hecho sin miramientos y con un descaro que rechiña. Lo mismo que Pedro Sánchez, que en 2018 promovió una reforma legislativa para que el aforamiento alcanzase únicamente a los actos estrictamente institucionales y ahora se muestra comprensivo con Gallardo. De forma parecida a como el PSOE resolvió en su último congreso que solo en caso de sentencia sus afiliados se verían obligados a renunciar a un acta. 

El mensaje del que Gallardo ha hecho partícipe al PSOE es que hay un bien superior al de la honorabilidad del partido y al de sus gentes. Es el disciplinado ejercicio del poder interno, en cuyo nombre pueden y deben ser retorcidos tanto los principios éticos como los compromisos. Abierto ya juicio oral contra David Sánchez y Gallardo, éste se ha encargado de demostrar que no hay nada inocente en la política que encarnan.