Como si de una metáfora del estado de su relación se tratase, España se quedaba a oscuras el pasado lunes, y, mientras, PSOE y Junts mantenían una reunión en Suiza para hacer balance después de las últimas amenazas lanzadas hace apenas dos semanas por el partido del prófugo Puigdemont. El tiempo pasa de prisa, y conviene no olvidar que hace un año y medio, PSOE y Junts pactaron poner en marcha una mesa de diálogo en Ginebra a cambio de investir a Pedro Sánchez, con el compromiso de celebrar un encuentro cada mes. Otro de los vergonzosos sometimientos a los que el secesionismo ha obligado a un Sánchez ansioso de poder, y que los socialistas han cumplido, cómo no, a pies juntillas. 

La reunión del pasado lunes resultó la correspondiente al mes de abril, toda vez que la que tendrán en mayo resultará clave. Así se intuye a tenor de las últimas advertencias proferidas por Junts, si es que se puede decir eso cuando hablamos de un independentismo tan insaciable como necesitado de marcar territorio ante los suyos. Los de Puigdemont han fijado el 30 de mayo como fecha tope para que el Ejecutivo y el PSOE muevan ficha para que se concreten algunas de las carpetas que siguen abiertas, como el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la UE o la amnistía del prófugo Puigdemont. 

Ninguna de las dos dependen directamente de los socialistas, pero en Junts creen que pueden hacer más. Y no van a dejar de apretar. Por eso, siguen amagando con romper la investidura si antes del verano “no hay resultados” y “hechos factibles” de cumplimiento del acuerdo por el que pactaron la investidura de Sánchez, a cambio de claudicaciones al independentismo como la aberrante ley de amnistía y abordar el reconocimiento de Cataluña como nación. Más allá de la cada vez menor credibilidad de los órdagos secesionistas, el estado del tensión al que someten al conjunto del país por su puro interés no hace más que sumar incertidumbre a una legislatura ya de por sí compleja por el conjunto de socios a los que Sánchez ha decidido fiarla.