En el decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público ha quedado incluida finalmente la normativa por la que los nuevos funcionarios no podrán acogerse a una excedencia hasta que no lleven dos años en su puesto. Acierta, y mucho, el Gobierno de Chivite con esta medida y el paso dado, por más que no les guste un pelo a la mayoría de los sindicatos que componen la Mesa General. Que soplar y sorber no puede ser.

Defender los derechos adquiridos por la plantilla está perfecto y forma parte de su papel... pero y ¿qué pasa con los del conjunto de los ciudadanos? Ya está bien, que en la última oferta de médicos de familia se quedaron 30 plazas vacantes por esta situación. ¿Se imaginan qué pasaría si todo el mundo que se presenta a una oferta de trabajo y le cogen, se fuera de excedencia a la primera de cambio? Pues eso. Que el chicle de estirar la Administración tiene un precio, y lo pagamos todos.