Cuando la Comisión Europea publicó su último programa de trabajo, allá por el lejano Febrero de 2025, anunció un “Programa de la Sociedad Civil” con el que prometía proteger el “espacio cívico” de las tentaciones menos democráticas de gobiernos y administraciones. No es la primera vez que Europa declara programas de acción en este sentido, y dota recursos significativos para implementarlos, pero hasta ahora han conseguido que el dinero acabe donde siempre: causas “sociales” en lugar de causas cívicas. La igualdad de derechos, en Bruselas, lleva mucho tiempo teniendo que ver con el género y la raza, y no con (por ejemplo) la lengua materna, o sencillamente la opinión política. Cuesta hacerles ver que la defensa de la libertad debe ir más allá.

Las entidades cívicas europeas, agrupadas en cuerpos como el European Civic Forum, se han alegrado mucho de que les prometan protección contra (por ejemplo) las leyes húngaras que atacan a las entidades cívicas críticas llamándolas “agentes extranjeros”, y los cargos públicos que denigran o difaman a toda ONG que no les guste. Es cierto que entre las primeras tentaciones de un régimen autoritario está acogotar a la sociedad civil, restringiendo su capacidad de acción y de financiación, y encajonando su participación a herramientas controladas. También es cierto que hay de todo.

Las entidades cívicas existen para dar voz y facilitar la participación de sectores de la población que no encuentran otro canal, algo que es esencial cuando las opciones políticas son limitadas o decepcionan, pero siempre saludable. Están para ayudar a ejercer derechos fundamentales, y mejorar la democracia. Están para organizar y defender a minorías (y minorizados). Algo que suena tremendo pero en Europa es tan sencillo como reclamar que se cumplan las leyes y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por todo eso, las entidades cívicas son un compañero de viaje complicado para política y administración. Como predicaba Errejón, muchas veces las administraciones crean y alimentan estructuras cívicas para dar cobijo a sus activistas (y refrendo a sus políticas). Algo que es fácil de ver desde las fiestas de barrio a las asociaciones judiciales: recordemos que la política de nombramientos de este gobierno se ha centrado en dos asociaciones de jueces que no representan ni a la mitad de la carrera judicial… y con clara preferencia por una de ellas. Quizá por eso les ha sorprendido tanto que su presidenta les haya llevado la contraria estos días, denunciando sus ataques a la presunción de inocencia.

Y “como es arriba, es abajo”. La práctica de financiar, cultivar y promover entidades afines no se limita al ministerio de Justicia, o a Derechos Sociales. La lucha por lograr transparencia y objetividad en la financiación pública de estas entidades (las subvenciones, por ese nombre y por cualquier otro) es permanente, y llega desde Bruselas a los ayuntamientos más modestos. Recordemos las famosas ayudas a la Korrika en Pamplona, vestidas de contrato de patrocinio para esquivar el reglamento. O recordemos la súbita desaparición de la oferta de salas municipales para actos cívicos en los días de mayor demanda. Desde antes del verano pasado, (desde que el partido del alcalde llamó a boicotear un acto de cierta asociación) ya sea por obras que no llegan o por un curioso y repentino (e invisible) aumento de la programación propia, las dotaciones municipales habitualmente usadas por las entidades cívicas ya no están disponibles para éstas. O no lo están para las de cierto signo: otras viven en ellas.

Lo que no se usa, se atrofia. Cuando el Gobierno de Navarra pidió candidaturas para el Consejo de Participación Ciudadana, las entidades cívicas que se presentaron fueron… una. Del resto de entidades “privadas” que la forman (las que no son organismos públicos) varias agrupan a profesionales de la participación (es decir, proveedores de los organismos públicos). Es cierto que no importa mucho porque los organismos públicos son la inmensa mayoría del Consejo, y por las propias funciones de éste, pero es un síntoma más de que en la Comunidad foral, la participación cívica y el interés por implicarse en la toma de decisiones son limitados. Especialmente limitados entre aquellos que no forman parte de los colectivos que llevan años usando la movilización como herramienta de difusión de su punto de vista.

Lo que se atrofia, se pierde. Cuando administraciones dominadas por personas y partidos con poco aprecio por la libertad y la democracia achican los espacios a la sociedad civil independiente, y ésta no se resiste, acaba quedándose sin oxígeno ni capacidad de reaccionar. Cuando la sociedad se hace notar, cuando busca soluciones, cuando la población se implica, expresa y moviliza, cuando se rompe el bloqueo, es cuando pasan cosas bonitas.

Pues ya sabes. Sociedad civil eres tú. Ni Putin ni Soros.

Miguel Cornejo. Presidente de la Asociación Pompaelo