China se presenta como una inesperada alternativa a Estados Unidos. No sólo por aguantar el envite de Trump en el órdago arancelario. También por las oportunidades que ofrece su colosal capacidad consumidora y productora a los territorios castigados por la guerra comercial de Trump. Europa, con España de improvisado embajador por la visita de Pedro Sánchez al gigante asiático y Vietnam, busca allí nuevos socios y destinos a sus exportaciones. 

Pero la mano tendida por el país que lidera Xi Jinping hay que tomarla con todas las prevenciones, debido a su sistemático atropello a las libertades y al apoyo que presta a Rusia en la agresión a Ucrania. El mercado chino también está ultraprotegido, a pesar de ser un balón de oxígeno para los damnificados por la escalada de aranceles. Un contrapeso frente al caos y el temor a la recesión que podría haber calmado a las bolsas tras un agitado carrusel. Y que ha llevado a mirar hacia esa zona de Asia, aunque con desconfianza. Es muy elocuente que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pida ahora “colaboración” a China para un comercio “libre y justo”. 

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Dos semanas antes, había defendido la apertura de decenas de yacimientos minerales en la Unión para reducir la dependencia china en un campo esencial para la tecnología. Obligada a revisar su relación con el gigante asiático sin caer en la desesperación, Europa debe responder unida al desafío comercial. No vale el sálvese quien pueda. China, sede mundial de la deslocalización, Europa y Estados Unidos mueven la mitad de los intercambios del mundo. 

El 80% de las ventas españolas a EE UU se verá afectado por los gravámenes de Trump, según el Gobierno, que ayer aprobó su primer plan de ayudas. Repartirá 5.000 millones en avales del Instituto de Crédito Oficial entre las comunidades en base al peso de sus exportaciones con el país del dólar. El hecho de que Sánchez haya pactado el reparto con Junts, que se reserva una cuarta parte de los fondos para Cataluña, añade tensión otra vez y cuando menos interesa, a lo que el PP denuncia como “cupo arancelario”.