El informe sobre la pobreza entre los menores en España, elaborado por Plataforma de Infancia a partir de los datos de 2024 ofrecidos por el INE, sitúa a nuestro país a la cabeza de esta desigualdad en la Unión Europea. Lo que revela no solo la existencia de un panorama socialmente sombrío en contraste con las tasas de crecimiento de la economía española y con las del mercado de trabajo. Dibuja además una sociedad dual, aunque aparente ser una minoría poco visible la que se encuentra en un grave riesgo de exclusión y en vulnerabilidad crónica. 

Nada menos que el 34% de los menores vive en riesgo de pobreza, un porcentaje que en lo que se refiere a los adolescentes de 13 a 17 años se incrementa hasta el 35,8%; y ello cuando la tasa de pobreza para la población adulta es del 17,8%. La desigualdad es también territorial y con una incidencia creciente en el mundo rural. Aunque la diferencia más destacada guarda relación con el origen de los progenitores, puesto que afecta al 67,9% de la infancia con madres y padres de nacionalidad extranjera. 

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El informe, que debería ser asumido como un inquietante contrapunto a la satisfacción gubernamental reiterada esta semana a la luz de los últimos datos de empleo, ratifica que una tercera parte de los más jóvenes de España no tiene acceso real al “ascensor social”. Y lo peor es que su situación tampoco encuentra el espacio que requeriría en la agenda pública. Asoma periódicamente como un problema silente de la mano de organizaciones no gubernamentales. Pero ni el organigrama de los gobiernos central y muchos autonómicos, ni el diseño de sus respectivos Presupuestos, ni las preocupaciones legislativas responden a la magnitud de un reto cuya superación no puede ser encomendada en exclusiva a la heroicidad cotidiana de los más de 2,7 millones de menores afectados y de sus familias. Cuando la pobreza en España desciende hasta el 19,7%, pero la infantil aumenta hasta el 29,2%, el país necesita mucho más que un ministerio de circunstancias.