La noche del 10 de marzo de 2010, un grupo de empleados y allegados de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo emitieron catorce pagos por valor de casi 15.000 euros en apenas seis horas. ¿El lugar? El prostíbulo Don Ángelo de Sevilla. ¿El origen del dinero? Partidas de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, destinadas, en teoría, a costear los cursos de formación y los subsidios de desempleo de los, por aquel entonces, centenares de miles de parados andaluces. Me estoy refiriendo al “caso ERE”, clasificado como la mayor trama de corrupción de la democracia: fraude de 680 millones de euros. El detalle del pago a prostitutas ha quedado en una anécdota en comparación a lo que está siendo investigado en el caso de Ábalos, que escogió a una prostituta por catálogo, la convirtió en su pareja, y la mantuvo con dinero y puesto público. Pero no sólo al socialismo de Pedro Sánchez se le acumulan las investigaciones por presuntos delitos de corrupción, malversación y tráfico de influencias. El modus operandi progresista se extiende como una mancha de aceite allá donde gobierna. Y en Navarra, después de diez años de gobiernos autodenominados progresistas, se van acumulando casos, cuando menos, sospechosos.

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Empecemos por Davalor. El Tribunal Supremo abrió en 2021 una causa penal para investigar al consejero del PNV, Manu Ayerdi, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con las subvenciones de 2,6 millones de euros que concedió, presuntamente de manera irregular, a la empresa Davalor Salud que se encontraba en situación de insolvencia. El caso pasó a un juzgado de Pamplona, caso que ha sido cerrado por un error judicial en la prórroga de los plazos de investigación. PNV y Geroa Bai, partido y coalición respectivamente de Manu Ayerdi, en un ejercicio de manipulación, han expresado su satisfacción por el archivo del caso “al no haberse acreditado indicios de delito alguno”. ¡Trileros!

Después vino la compra de mascarillas por parte de Sodena, operación que supuso la pérdida de 1,5 millones de euros de dinero público. Recordemos que por esa irregular operación fue destituida la Directora General de Sodena como consecuencia de un informe de la Dirección de Intervención del Gobierno de Navarra que cuestionaba el modo en que Sodena gestionó dicha compra.

También se han dilapidado 1,3 millones de euros en unos estudios de cine construidos para una determinada empresa (Estudios Melitón) bajo un contrato firmado por NASUVINSA que, según la Cámara de Comptos, no atendió a varias de las observaciones que hicieron sus servicios jurídicos ni realizó tampoco un análisis de negocio de esa inversión antes de la firma del contrato. Resultado: edificio en desuso y Melitón que tenía tres gatos y un plan de fuga para no pagar los 565.000 euros que le adeuda a NASUVINSA.

Y llegó la adjudicación de las obras del túnel de Belate. Según el clan Chivite, presidenta y consejero sancionado por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, todo ha sido “legal y transparente”, aunque la realidad sea que los letrados de la mesa de contratación emitieran votos particulares cuestionando algunos aspectos de esa adjudicación. Por cierto, una de las empresas adjudicatarias de esta obra, SERVINABAR, lleva dos años sin presentar cuentas en el Registro Mercantil. Situación de la empresa a fecha 19/02/2025: “Cierre de hoja Registral”. Llamativo.

Proceso de estabilización de 396 administrativos. El irregular proceso provocó la dimisión de tres directores del servicio de Régimen Jurídico de Función Pública, departamento dirigido por la consejera Amparo López, esa que se ha visto premiada, a través de un Decreto Ley a su medida, con una plaza fija de funcionaria después de haber trabajado en esa plaza durante apenas dieciocho meses.

Informes de fiscalización publicados en la web de Transparencia del Gobierno de Navarra correspondientes al mandato de la presidenta Chivite. Nada menos que 24 páginas. Los informes destapan que todos los departamentos del Gobierno de Navarra han cometido distintas irregularidades por “Omisión de Intervención” y por prescindir de los trámites previstos en la Ley Foral de Contratos, así como de la fiscalización previa de esos expedientes. Empresas públicas de nueva creación (Bidean, Nafarbide, Instituto Navarro de Inversiones) que tuvieron informes desfavorables del Jefe de Sección de Sociedades Públicas, Avales y Asuntos Económicos; informes avalados por la Directora del Servicio de Patrimonio, la Directora General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica, así como por el Interventor General. Empresas (descarados chiringuitos) dirigidas por socialistas de carnet.

Y no me quiero olvidar de la alcaldesa socialista de Sartaguda, que tuvo que dimitir al descubrirse que tenía enganchada la luz de su vivienda, de forma irregular, desde hacía varios años. Ni tampoco del concejal socialista de Estella que, presidiendo una empresa pública, ha estado cargando gastos personales a la cuenta de esa entidad. Progresismo en vena a costa de la gravosa fiscalidad que padecemos los navarros. Continuará.

Chon Latienda Urroz. Comentarista política