La Administración foral ha crecido mucho en pocos años. En el periodo 2015/2023, el gasto público ha pasado de 3.900 millones de euros a casi 5.800, y el número de empleados públicos ha aumentado de 23.000 a 32.000. Una trayectoria explosiva de crecimiento. La administración foral es la empresa más grande de Navarra. Ofrece un conjunto extenso de bienes y servicios que van desde la financiación y provisión de bienes como la Sanidad y la Educación, hasta la regulación de actividades privadas pasando por la inversión en infraestructuras de transporte y energía.

Esta enorme fabrica ha gastado 5.782 millones en 2023, de los que 1.700 corresponden a retribuciones del personal. Pero a pesar de esta ingente cantidad de dinero que gasta, de trabajadores que se movilizan, de edificios que se ocupan, de normas y reglamentaciones que se emiten, la confianza en la calidad y eficiencia de las acciones públicas está en los niveles más bajos. Indicadores como las encuestas de satisfacción, la calidad percibida por los usuarios de los servicios, la desviación de actividades por los ciudadanos, cuando se puede, a áreas privadas y el aumento de las quejas así lo confirman. Esta enorme burocracia funciona cada vez con más inercia. Existe una sensación en la sociedad de declive, de que todo resulta anticuado, las estructuras organizativas, su gobernanza y opacidad, la gestión del personal, trámites y más trámites, programas ausentes de transversalidad, sin objetivos o que se incumplen sistemáticamente y, sobre todo, ausencia de rendición de cuentas. 

¿ERES SUSCRIPTOR? AQUÍ TIENES MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA

Amplía la información sobre OPINIÓN en la edición e-paper de Diario de Navarra, disponible a diario para suscriptores de papel y PDF

Leer ahora

En este contexto la pregunta es: ¿Por qué no se innova y se cambia la Administración foral? Hay varios argumentos que explican las resistencias al cambio en la Administración. Primero, el sector público ofrece muchos servicios en régimen de monopolio, o cuasi monopolio. No hay competencia ni rivalidad efectiva. Por eso, no tienen que preocuparse demasiado por los clientes, porque solo tienen esa opción. No hay que preocuparse por asignar bien los recursos y reducir los costes, porque no hay una restricción financiera estricta. La cultura del déficit está bien arraigada. Los empleados tienen un trabajo permanente independientemente de su rendimiento y compromiso. Los centros reciben el dinero sin aportación ni supervisión directa de sus clientes. La supervivencia está garantizada, no hay amenaza de quiebra ni de cierre. Es la vida tranquila y cómoda del monopolista. No hay necesidad ni urgencia de cambiar, los malos resultados no se penalizan.

Segundo, los trabajadores públicos no perciben que sus salarios y empleos estén en riesgo. Por eso, solo ven en las reformas una oportunidad de mejora de sus derechos, de sus carreras y promociones y de sus privilegios. Todos los grupos implicados en los cambios; funcionarios, temporales y contratados, directivos, sindicatos de clase y profesionales… , ante las iniciativas que se proponen, consideran y evalúan qué ganancias pueden obtener ellos en forma de retribuciones, vacaciones, movilidad, moscosos…y se juzgan como inaceptables las pérdidas de posición y seguridad que se deriven de las reformas propuestas, aunque éstas sirvan para mejorar la calidad del servicio y beneficien a los ciudadanos. Por tanto, la actitud más extendida entre los empleados públicos es la de resistencia, descalificación o cautela ante los cambios. La cultura interna es totalmente reacia a la innovación y al riesgo.

Tercero, todo cambio implica incertidumbres y riesgos, y los empleados públicos tienen un enorme poder para magnificar los riesgos, enfatizar los errores que se pueden cometer en la transición, los políticos dudan, se asustan, aguantan y deciden que es mejor posponerlos o en su defecto, crear una comisión inoperante para su reforma.

Por último, los cambios dependen de decisiones políticas y son complejos por su naturaleza y alcance, y las propuestas en lugar de avanzar con acuerdos y consensos básicos, entran en el juego partidista. Por eso, toda reforma se politiza y los políticos tratan de sacar rédito electoral de la situación según estén en la oposición o en el gobierno. 

Ante este desolador panorama ¿qué se puede hacer desde la ciudadanía? Uno, seguir levantando la voz y denunciar con fuerza y convicción el maltrato y la mediocridad de resultados y sobre todo, hacer explícitos los costes individuales y sociales que ese mal funcionamiento genera. Dos, cuando se pueda, optar por la salida, hay que buscar otras opciones a las ofrecidas por el sector público como está pasando en sanidad con el aumento del aseguramiento privado. Tres, esperar a que venga un reformista inteligente o uno bárbaro y amenace con la motosierra, o cuatro, aceptar este estancamiento y seguir cómodos en la inacción, el despilfarro, la rutina y finalmente el colapso. Me resisto a la inacción y no asumo la radicalidad porque es poco realista. Apuesto por la urgencia y necesidad de actuar porque es inaceptable este deterioro de la acción pública. Como ciudadano mi opción es clara, utilizar la voz y denunciar este declive porque ya es hora de hacer que la administración funcione para la gente, de aprender a hacer más con menos y de tratar a los contribuyentes como ciudadanos responsables y clientes exigentes. ¿Nos apuntamos?

Emilio Huerta. Profesor en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)