No es un juego de palabras, son los hechos que una y otra vez se manifiestan tozudos en reflejar una realidad que se aleja de las declaraciones meramente publicitarias del gobierno, alardeando de su preocupación por las clases trabajadoras a quienes supuestamente favorece. ¡Pero solo supuestamente!

El bochornoso espectáculo que se pudo observar en la rueda de prensa de hace una semana entre dos ministras de mismo gobierno, la de trabajo y la portavoz, acerca de la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) -del sector SUMAR del gobierno y el sector PSOE del mismo gobierno- es sencillamente impúdico. Airear las discrepancias en directo ante la TV y los periodistas presentes denota el escaso nivel humano y profesional de nuestros gobernantes, si es que gobiernan, claro. Porque todo indica que lo de menos son los ciudadanos y sus inquietudes diarias y lo importante es el trágala al oponente (del mismo gobierno) de lo que se quiere publicitar, porque se trata de esto último: una batalla por presentar en clave de militancia los logros del partido correspondiente.

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El nuevo salario mínimo interprofesional se ha fijado en 1.184 € por catorce pagas (es decir, 16.576€ anuales), sin el acuerdo de los empresarios, a pesar de que, se olvida fácilmente, va a tener consecuencias en la contratación de las pequeñas empresas.

Este gobierno y otros semejantes que se autoproclaman progresistas, defensores según su propia exégesis, de las clases más vulnerables y de los pobres, hacen un escaso favor a estos últimos y se contradicen en sus confusas e inexplicables apreciaciones. El concepto mismo de “salario mínimo profesional” sugiere, salvo en las escasas mimbres de algunos cerebros, que por debajo de ese umbral se hace muy difícil vivir con un mínimo de dignidad y, por tanto, el gobierno debería eximir del IRPF a los destinatarios que solo disponen de esos ingresos. ¡Pero no! La voracidad recaudatoria no entiende de dignidades y menos todavía poner freno a un gasto gubernamental que se escurre por todos lo poros de los bolsillos de los ciudadanos. Además, contentar a los independentistas cuesta dinero, mucho dinero y de algún sitio tiene que salir: en parte, de esos mismos pobres a quienes adulan en las campañas electorales para castigarles con el olvido de sus promesas vociferantes.

Hay quienes afirman que la decisión de Hacienda de cobrar el IRPF a los trabajadores es injusta. Y a tenor de los aspavientos a los que estamos acostumbrados a escuchar sobre las políticas progresistas, no solo incumple la protección que se les promete, sino que, además, se pavonean de un incremento del SMI del que un porcentaje se va a quedar Hacienda. ¿Qué sucedería si esta misma medida, con todos sus ingredientes, la hubiese tomado un gobierno llamado ‘de derechas’? Los sindicatos, que no han abierto la boca -viven del gobierno- amenazarían con verdaderos incendios en la calle. Además de injusto adolece de tan escasa coherencia que la razón se turba y la mente se nubla.

En otro orden de cosas sucede lo mismo -lo que algunos tachan también de injusticia- cuando en los últimos años no se deflacta el IRPF; es decir, no se ajustan los tramos del impuesto a la inflación. Una vez más, la voracidad recaudatoria -que no existe a la hora de satisfacer las imposiciones de los votos que el gobierno necesita para mantenerse- se impone con los más débiles, a los que el gobierno desearía proteger, pero no lo hace. Son miles de millones de euros los que se recaudan con esta sencilla maniobra. No tiene recovecos: se gasta a manos llenas y hay que satisfacer las exigencias de Europa en materia fiscal, por lo que solo cabe recaudar más y más. Se dice que a los ricos, pero el peso recae en los pobres.

Navarra es una copia fiel, tanto en su gobierno y las decisiones que adopta (con variaciones poco significativas en los partidos) como en su afán recaudatorio, y pudiendo disponer de más libertad por su autonomía tributaria, lo empeora todavía más. En Navarra ya se venía practicando la retención con 14.500 € de renta cuando en el territorio común el límite estaba en 15.876 €. No todas las Comunidades Autónomas tienen el mismo nivel de vida como es bien sabido y Navarra siendo una de las más caras, castiga a los que menos tienen. Con 14.500€ y sin retención se vive mucho mejor en la mayor parte del territorio nacional. Como se puede ver es un gobierno progresista el que tenemos en nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo hemos llegado a esto?, se preguntan muchos. La respuesta es sencilla: piensa quién te beneficia o perjudica en tu vida diaria, no solo en materia económica sino en el ámbito de las ideas que defiendes y configuran tu personalidad. Así tendrás una idea clara de quién merece tu confianza para el voto.

Francisco Errasti. Economista