Un delito de odio es un delito cualquiera, que se comete contra una persona por formar parte de un grupo odiado. Por su raza, por su sexo, por sus creencias, por su ideología: por la etiqueta que le ponemos.

Nuestra comunidad tiene el dudoso honor de haber sido la comunidad con más delitos de odio (denunciados o conocidos) por habitante en 2023, el último año para el que se han publicado estadísticas del Ministerio de Interior. Llevábamos unos años en segundo lugar, por detrás del País Vasco, y ya les hemos adelantado. Y eso que han bajado los de motivación ideológica: por primera vez en cinco años, en 2023 la razón por la que más maltratamos al prójimo en Navarra no fue la ideología. Algo que parecemos empeñados en corregir, con 60 actos de apoyo a ETA en 2024 y con lo que ha llovido ya en 2025.

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Este fin de semana han sido insultos y botellazos en Rochapea a una carpa de Vox. Unos días antes, los payasos Pirritx y Porrotx (y Marimotots) completaron su cuarta actuación de Enero pidiendo la libertad de etarras condenados en eventos infantiles pagados con dinero público. No mucho antes, un concejal no nacionalista de Leiza tuvo que aguantar insultos y amenazas (“os quedan cuatro días”) de los intolerantes que retiraron su pancarta contra la amnistía. Y estrenamos el año aún sorprendidos porque el ayuntamiento de Echarri Aranaz permitiera poner una urna para recoger donaciones para los mismos etarras encarcelados en el centro de la plaza del pueblo. Suma y sigue, porque muchas de estas agresiones no se denuncian.

Tenemos un problema grave de intolerancia ideológica en Navarra: demasiadas personas, de una ideología muy concreta, no toleran a los que se les oponen. Da igual si son de derechas o de izquierdas, si se sienten vascos, navarros o españoles; si no les dan lo que quieren, no son tolerados (“fuera fascistas”). Recordemos, para los de memoria frágil, cómo esos intolerantes hicieron salir corriendo de la Plaza del Ayuntamiento a los concejales del PSN de Pamplona cuando osaron permitir la investidura del candidato más votado, Enrique Maya, hace muy pocos años. Corriendo de miedo.

La solución de este Gobierno foral es promover un acto sobre las “víctimas de violencia policial y de la extrema derecha” el 13 de Febrero, a dos días del aniversario de la declaración del Parlamento condenando la “limpieza nacional, los crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos por la izquierda abertzale y su brazo armado, ETA, en territorio de País Vasco y Navarra y de solidaridad con todas sus víctimas”. Ese acto del Gobierno foral descansa no sobre procesos y sentencia judiciales (como exige el sentido común y la Constitución) sino sobre la opinión de un comité paralegal a cuyas conclusiones ha decidido tratar como si fueran ciertas, por conveniencia política.

Esa conveniencia política, ese miedo, lleva demasiado tiempo paralizando la necesaria curación del sistema político y de la democracia en Navarra. No queremos ver lo que pasa en los “territorios comanches”, donde no se atreve a presentarse nadie del lugar salvo bajo las siglas bendecidas por el separatismo: es “territorio perdido”, “no se puede hacer nada”. Es mejor no mirar y dejarles hacer, porque se enfadan mucho si les recuerdas la ley, o los principios básicos y mínimos de la libertad o la democracia.

Dejemos ya de repetir que “ETA no existe” (que se lo digan a sus presos, que siguen actuando en grupo y recibiendo trato especial por serlo). ETA no mata, cierto: se han prejubilado. Pero el trabajo de ETA está hecho: pueblos enteros en los que la oposición ha sido silenciada, en los que perdura la intimidación porque la sombra del verdugo sigue encogiendo los corazones, en los que se aprueba oficial y abiertamente la violencia ejercida por los intolerantes (los delitos de odio, los delitos contra la humanidad) en pintadas, en actos públicos, en declaraciones de “hijo predilecto” como las que Echarri aún mantiene para dos de los asesinos de un vecino y alcalde.

En una democracia, el derecho a la libertad de opinión debe de protegerse frente a cualquier intimidación y discriminación. En una democracia, ese derecho lo tienen todos: desde la extrema izquierda abertzale hasta ese hipotético fascista que no ha visto nadie en décadas. Todos o ninguno. Tenemos la obligación de proteger ese derecho, de desnazificar esos pueblos controlados por los intolerantes para que toda Navarra pueda vivir en libertad. De poner coto a los actos de aprobación o normalización de la violencia política y del terrorismo, en Leiza o en Pamplona.

La Navarra política ha vivido de perfil muchos años, permitiendo estos actos y estas actitudes primero por miedo y ahora por conveniencia. Ya es hora de que defienda la democracia y la libertad en toda Navarra. Para todos.

Miguel Cornejo. Presidente Asociación Pompaelo