El informe de la Cámara de Comptos sobre la gestión de la Renta Garantizada en Navarra ha levantado una polvareda que, pese a ser atisbada desde hace tiempo, se presenta ahora como un reto para el Ejecutivo de María Chivite, sus socios de gobierno e, incluso, la oposición. 

Y este jueves el pleno del Parlamento, el primero de este 2025, ha escenificado las dificultades que puede entrañar la revisión de un servicio fundamental para parte de la ciudadanía. 

La consejera de Derechos Sociales anunció que desde el Gobierno van a trabajar en la adecuación y modificación de la Ley Foral de Renta Garantizada tras los análisis efectuados en sus 8 años de andadura. Maeztu aseveró que, para ello, “necesitamos contar con los consensos suficientes que nos permitan avanzar hacia una herramienta más efectiva y eficaz de lo que ya está siendo”. 

Este avance de intenciones llega en el momento oportuno, pues las ineficiencias e irregularidades detectadas por el máximo órgano fiscalizador de Navarra en la percepción de la Renta Básica son preocupantes. E igual de lógicas son sus recomendaciones, como la de crear un sistema que verifique que quien recibe la ayuda económica “vive efectivamente en Navarra”. Requisito 'sine qua non' para cobrarla, y que, a día de hoy, no pueden garantizar que ocurra.

 Que tres de cada cuatro de las 700 inspecciones realizadas por Policía Foral hayan confirmado las sospechas de irregularidades y afloren un cobro indebido de 15 millones de euros es muy grave. Y más cuando sólo en 2023 el monto total de estas partidas superó los 150 millones. 

Llegados a este punto, si desde la oposición de UPN, PP y Vox llevan años denunciando la necesidad de reformar el sistema y el Gobierno foral reclama para ello consenso, lo mínimo exigible para nuestros representantes es un trabajo conjunto y concienzudo para mejorar un servicio básico para decenas de miles de navarros. 

Y hará bien el PSN en hilar fino, pues sus socios ya se han desmarcado de su intención de reformar la ley. Geroa Bai dice que no apoyará nada que se salga del modelo que diseñaron en 2016, Bildu sólo pide extender la ayuda y Contigo bloqueará ampliar los requisitos para cobrarla. Hablan de “bulos” y “discurso de aporofobia de la derecha” obviando que Comptos ha sido diáfano en su análisis: hay que poner orden.