Sube la presión sobre el fiscal general
"El Supremo cita a García Ortiz para que declare como imputado en la investigación en el caso del novio de Ayuso y, lo que es más relevante, apunta por primera vez a Moncloa en la supuesta filtración"
Publicado el 14/01/2025 a las 05:00
La presión sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha subido un peldaño más después de que el Tribunal Supremo le haya citado a declarar como imputado en la causa donde se le investiga por la presunta filtración contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El instructor del caso considera que las pesquisas realizadas han venido a “apuntalar” los indicios en su contra que apuntan a que tuvo una “relevante participación” en la filtración. El juez también ha citado a la otra imputada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, al tiempo que ha imputado al número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
Pero, sin duda, uno de los aspectos más destacados de lo conocido ayer radica en que por primera vez la revelación del Supremo salpica a Moncloa en la supuesta filtración de los correos del novio de Ayuso, y apunta a que la Fiscalía General y Presidencia se habrían conjurado para utilizar esa información confidencial. “Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno”. En apenas un clic, el juez que instruye la filtración de información reservada del novio de Isabel Díaz Ayuso, imputado por dos delitos fiscales, desentraña la ruta del correo electrónico con los datos sobre el fraude. En su resolución, considera que la difusión del material tuvo “una clara finalidad política”, ya que “se puso a disposición de Juan Lobato”, entonces líder del Partido Socialista madrileño, para cuestionar a la baronesa del Partido Popular.
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Los poderes públicos se desprestigian si caen en la tentación de usar informaciones confidenciales en la refriega partidista, por más que buscasen desmontar un bulo, como insiste machaconamente Pedro Sánchez. Porque, de confirmarse los hechos, se vulneraría, precisamente, la obligación de estos poderes públicos de preservar informaciones sensibles de las que son custodios.
