El cierre de 2024 con la incorporación de 501.952 trabajadores al mercado laboral, la cifra récord de 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social y el paro retrocediendo hasta los 2,5, permite al Gobierno de Pedro Sánchez poder seguir congratulándose de un contexto económico que ha resistido el embate, primero, de la pandemia y, después, de la crisis inflacionista; y que ha erigido a España en el motor europeo, gripado por la desaceleración de Alemania y Francia. 

Dejando al margen la recurrente inclinación del Gobierno y sus rivales de turno a evaluar las consideraciones de la prensa internacional, como la reciente de The Economist, según concuerden o no con sus respectivos intereses, ni el Ejecutivo ni la oposición deberían reincidir en el vicio del análisis sesgado por las ambiciones cortoplacistas. Que en el caso del presidente Sánchez pasan por enfatizar la buena marcha de la economía como un logro exclusivamente propio con el que contrarrestar la fragilidad política de la mayoría de la investidura, orillando la indudable contribución de los fondos activados por la UE y soslayando tanto las objeciones en la trastienda de los datos macro -la deuda, la calidad del empleo creado o la dependencia del turismo- como problemas estructurales vinculados a las desigualdades sociales, el cada vez más costoso acceso a la vivienda, el enquistamiento de la pobreza infantil o el paro juvenil, el más alto de la Unión. 

Pero en paralelo, el PP ha de arbitrar una rivalidad que señale los escollos y proponga alternativas viables sin incurrir en el cortoplacismo propio. Y a lo que en todo caso están convocados Gobierno y oposición, pero también los socios del primero, es a intentar procurar un suelo de bien común lo más consensuado posible ante los desafíos concernientes al conjunto de la ciudadanía, que no suprima las legítimas diferencias partidarias e ideológicas pero sí evite la perniciosa subasta de contraprestaciones interesadas por las que transita la legislatura.