Los resultados de nuestro sistema sanitario público son mejorables por lo que se refiere a la percepción de los ciudadanos hacia sus servicios sanitarios. Han crecido los tiempos de espera en atención primaria y los relativos a la especializada son excesivos. La accesibilidad se resiente y no deben perderse otras cualidades como la cercanía física y emocional y la longitudinalidad. Estos modestos resultados muestran que el actual sistema de organización de la salud se está quedando obsoleto para atender las necesidades de los ciudadanos y satisfacer las aspiraciones de sus profesionales.

Tenemos una estructura centralizada y jerarquizada. Resulta eficaz para ejercer control presupuestario y de costes, pero no está diseñada ni garantiza un buen control de resultados. Sirve para homogeneizar servicios y facilita la administración mediante reglas, expedientes, presupuestos y procedimientos; pero dificulta una gestión diferenciada sensible a la diversidad de la demanda. Los resultados están ahí: una pérdida de calidad que está significando una menor confianza, legitimidad y adhesión de los ciudadanos con su modelo sanitario. Y todo ello, a pesar del intenso crecimiento del gasto desde 2015.

La reforma del sistema debería tener como objetivo ofrecer mayor calidad de salud y mejores cuidados al ciudadano, con una utilización eficiente de recursos. El paciente/ciudadano en el centro. Para avanzar ya no serán suficientes más recursos y más gasto, se necesitará innovar: habrá que dar autonomía a los centros y motivar para comprometer a los profesionales que son el corazón del sistema. Se deberían realizar innovaciones organizativas radicales y poner en marcha nuevas políticas de gestión de las personas. Dos propuestas:

Primero, hay que dar más autonomía a los Centros, Hospitales e Institutos para atender la diversidad de demandas y conseguir un mejor encaje entre necesidades y recursos. Para ello, habrá que poner en marcha nuevas formas jurídicas y una nueva gobernanza institucional. Una debilidad en la prestación de los servicios públicos en Navarra, es lo mal definido que está el gobierno de las instituciones. Cuando esto sucede, no se reconoce quién tiene la autoridad, desaparece la capacidad de dirección y su ejercicio y se difumina la responsabilidad individual y colectiva sobre los resultados.

Al final el responsable último de la acción de salud (listas de espera, accesibilidad, vacunación, mortalidad) es el Consejero y su equipo que aparecen, ante el conjunto de los ciudadanos, como los responsables de todas las deficiencias de una actividad, la prestación de salud, en la que trabajan miles de personas, ejerciendo múltiples actividades y tareas con distintos niveles de competencia y responsabilidad.

La autonomía para un mayor liderazgo profesional y una nueva gobernanza de los centros y del sistema deberían asociar autoridad con responsabilidad y así, las personas estarán más comprometidas para tomar decisiones. La mejora del gobierno significa establecer con claridad quién dirige, qué recursos tiene, qué objetivos se alcanzan e implica medir y evaluar y sobre todo, rendir cuentas sobre los resultados.

Nuestra propuesta para una buena gobernanza es: desarrollar nuevas figuras jurídicas en el Sistema Navarro de Salud y en los centros y hospitales para realizar una mejor gestión institucional. El gobierno de todas las organizaciones del SNS debería realizarse a través de órganos colegiados como Consejos de Gobierno o Consejos de Centro. A estos Consejos de Gobierno rendirán cuentas sus directores. Hay que separar formalmente, como se hace en los mejores hospitales del mundo y en las organizaciones de referencia en salud, la formulación y ejecución de la estrategia de la evaluación y control de resultados.

Segundo, se necesitan innovadoras Políticas de Gestión de las Personas. Esto significa considerar conjuntamente las distintas dimensiones profesionales: la selección, formación previa y continua, los incentivos, la investigación y una carrera definida a largo plazo basada en los méritos y competencias y no en la antigüedad o el cumplimiento de requisitos administrativos y burocráticos. Para desarrollarlas, nuestra propuesta establece un doble camino de carrera profesional. Mantener la que se define en la actualidad, la funcionarización del personal sanitario y otra nueva para los que se incorporen al sistema, construida desde el establecimiento de un conjunto de contratos laborales permanentes que ofrezcan posibilidades singulares de horarios, jornadas, remuneraciones…, y faciliten flexibilidad para atender las necesidades cada vez más diferenciadas, segmentadas y heterogéneas de los ciudadanos y del personal sanitario.

La calidad de nuestra sanidad pública es un elemento esencial del bienestar en una sociedad europea moderna. Por ello, para mejorar la presente situación, debemos rediseñar encaje, naturaleza, funciones, estructura y gobierno de las principales instituciones y centros de salud de Navarra. Hay que encontrar fórmulas contractuales innovadoras que integren y comprometan al personal sanitario y pongan en el debate a los ciudadanos y la mejora de su salud y atención. Si no innovamos y no asumimos riesgos, seguiremos observado perplejos que, aunque incorporemos más recursos económicos y mejor tecnología al sistema de salud, más descontentos se encontrarán los ciudadanos con la calidad de la atención y cuidados que reciben y menos comprometidos estarán los profesionales sanitarios en ello.

Juan M. Cabasés y Emilio Huerta. Profesores de la UPNA