A pesar de los mensajes y bravatas lanzados esta semana por el secesionismo catalán, con Junts a la cabeza, y que ayer volvió a dejar de manifiesto ante los suyos el prófugo Puigdemont, hasta la oposición parece asumir que la legislatura va para largo pese a la manifiesta fragilidad parlamentaria del Gobierno y al cúmulo de investigaciones judiciales sobre corrupción que lo acechan. Pedro Sánchez ha dejado claras sus intenciones aunque cada votación en el Congreso sea una odisea de incierto final. Pese a las escaramuzas como las que amenazan con tumbar el impuesto sobre la producción eléctrica, sus socios, todos ellos imprescindibles, no parecen tener propósito real de forzar su caída ya que saben que difícilmente encontrarán una coyuntura más propicia para sus intereses. Aunque sí se muestran dispuestos, especialmente el independentismo catalán, en presionar al máximo en pos de sus intereses. Un escenario que previsiblemente no cambiará aunque el Ejecutivo sea incapaz de aprobar los presupuestos, su próximo gran desafío. De momento ha incumplido por segunda vez consecutiva el mandato constitucional de presentar un proyecto antes del 31 de octubre por el riesgo de que fuese tumbado por la falta de una mayoría suficiente. Cuando Mariano Rajoy hizo lo propio, el hoy presidente le instó a adelantar las elecciones, un consejo que ahora evita aplicarse a sí mismo a la espera de un momento más propicio. Las Cuentas son una pieza básica para cualquier Gobierno al plasmar sus prioridades y su financiación. Disponer de unas nuevas resulta aún más indispensable cuando este año se ha funcionado con las de 2023 prorrogadas y la recuperación de las reglas fiscales en la UE obliga a nuestro país a un esfuerzo de reducción del déficit y de la deuda pública que implica modificar los equilibrios entre ingresos y gastos. Fracasar en el intento de sacarlas adelante añadiría inestabilidad a una legislatura que si se prolongara solo sería para impedir una hipotética alternancia en el poder.