La decisión de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, de no invitar a Felipe VI a su toma de posesión contó este miércoles con una explicación que agrava el desencuentro. Sheinbaum alegó que se debe a que el Rey no respondió a la carta enviada por el todavía presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, requiriendo “que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados”. 

Carta que el presidente López Obrador considera “respetuosa y formal”, del mismo modo que su sucesora en el cargo destacaba ayer que atender a la misma “hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática”. 

Sin embargo, Claudia Sheinbaum cursó una invitación al presidente Pedro Sánchez ya en julio para que asistiera a su toma de posesión. Sugiriendo así que éste representaría a los españoles actuales, mientras que don Felipe encarnaría la Monarquía responsable de “las atrocidades cometidas contra los pueblos originarios de México”. 

México no sería lo que es sin España. Y tampoco España sin México. Pero la memoria dictada desde el poder en ningún caso debe sentirse legitimada para revisar la Historia a brochazos. Mucho menos para reinterpretar la actualidad constitucional de nuestro país. 

Si Felipe VI evitó responder al envite del presidente Andrés Manuel López Obrador fue precisamente por querer ceñirse a la mejor práctica diplomática. Y aunque López Obrador y Sheinbaum hayan pretendido suscitar contradicciones a este lado del Atlántico, han de saber que en nuestro sistema constitucional el Jefe del Estado no puede actuar al margen del Gobierno. 

Moncloa y Zarzuela han mostrado en este caso una sintonía constitucional plena. Porque tampoco cabía otra ante el revisionismo claramente intencionado de López Obrador y de Sheinbaum, que no pueden erigirse en herederos de “los pueblos originarios de México” sin juzgar la conducta de sus antepasados en el México de las últimas décadas.