Los Presupuestos constituyen la principal herramienta de la política económica de un Gobierno. Sus cifras reflejan mucho más que las previsiones de ingresos y gastos. Las múltiples partidas que incluyen perfilan sus prioridades, las inversiones para financiar nuevos proyectos y la adecuación de los recursos públicos a las necesidades sociales de cada momento. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez funciona este año con las Cuentas prorrogadas de 2023 al haber renunciado a presentar siquiera el proyecto en las Cortes Generales, como le obliga la Constitución, por temor a que fuera tumbado al coincidir su tramitación con las recientes elecciones catalanas. 

El fantasma de que esta indeseable excepcionalidad se repita con las del próximo ejercicio ha cobrado fuerza después de que Junts hiciera descarrilar por sorpresa la senda de déficit en el Congreso de los diputados y de que el pacto entre el PSC y ERC para investir presidente de le Generalitat a Salvador Illa haya resquebrajado la fidelidad de los posconvergentes con la precaria mayoría de la investidura. 

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Disponer de unos nuevos Presupuestos despejaría al Gobierno, siempre al albur de unos socios más preocupados por sus propios intereses que por el bien común, el horizonte de una legislatura de incierto recorrido. 

La posibilidad de funcionar otro ejercicio con unos antiguos sometidos a más remiendos tiene no solo el inconveniente político de que esa prórroga adicional delataría una aguda debilidad.

 Además, resulta absolutamente contraindicado cuando nuestro país debe adaptar sus Cuentas a la rebaja del déficit y la deuda que exige el cumplimiento de la disciplina fiscal recuperada por la UE. Las dificultades que pueda tener para aprobar el proyecto en el Congreso por las eventuales represalias del fugado Carles Puigdemont tras quedar apeado del poder en Cataluña no le eximen al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez de presentarlo ni de intentar recabar los apoyos suficientes, aun a riesgo de que una hipotética derrota agudice su desgaste.