El renovado Consejo General del Poder Judicial, sustituto del que prorrogó su mandato durante cinco años por un injustificable bloqueo, tiene como primera tarea la designación de su presidente, que también lo será del Tribunal Supremo. 

En las tres reuniones del pleno convocadas con tal fin, los 20 vocales que lo componen, propuestos a partes iguales por el PSOE y el PP, han sido incapaces de alcanzar un acuerdo con la mayoría cualificada de tres quintos que a partir de ahora requerirán los nombramientos en su mano; una medida que pretende forzar la búsqueda de personas de consenso, aunque de momento solo ha sido empleada para imponer vetos.

 Ha impedido el entendimiento la fractura del CGPJ en dos bloques monolíticos de diez miembros en los que se han alineado férreamente sus integrantes en función de la sensibilidad progresista o conservadora con la que fueron escogidos, pese a las promesas de despolitización que acompañaron el proceso. Cada una de ambas mitades se ha aferrado a un candidato sin dar su brazo a torcer. 

Lo peor no es que el órgano de gobierno de los jueces haya incumplido así el plazo para proclamar a su máximo responsable, sino un inicio de mandato que no puede ser más decepcionante. De los siete aspirantes presentados, la elección gira en torno a los magistrados del Supremo Pilar Teso, Ana Ferrer y Pablo Lucas, con acreditado prestigio profesional y amplia experiencia. 

Si bien los tres están catalogados como progresistas, el sector más afín a la izquierda ha cerrado filas con las dos primeras y el cercano a la derecha con el tercero, autor de recientes decisiones contrarias al criterio del Gobierno. 

Resulta descorazonador que ni las largas horas de debates ni las sucesivas votaciones hayan alterado lo más mínimo ese equilibrio de fuerzas. Un precedente nada tranquilizador cuando su prioridad debe ser la cobertura de más de un centenar de vacantes en la cúpula judicial que necesitará un entendimiento como el que se le resiste con su presidente. El funcionamiento de la Administración de Justicia no puede seguir lastrado por esa alergia al consenso.