La estrategia política para el día de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat estaba prevista para limitar las consecuencias de la detención de Carles Puigdemont, pero no para su huida; para remediar los intentos de boicoteo del cambio de paradigma en Cataluña con un gobierno socialista no nacionalista más que para afrontar un debate sobre la incompetencia policial a la hora de cumplir la orden de detención que pesa sobre él en territorio español. 

A la espera de la transmisión del poder de ERC al PSC y que Illa comience a gobernar una gran parte del debate político gira en torno a las mentiras de Carles Puigdemont que han propiciado su entrada en España y la subsiguiente desaparición, sobre las sospechas de la connivencia de distintos actores que la han propiciado, y sobre las excusas para minimizar las responsabilidades de que no se haya procedido a su detención. 

Una mezcla de candidez e ingenuidad han llevado a dirigentes políticos y mandos policiales a creer en las palabras del gran mentiroso en que se ha convertido el expresidente catalán, que dijo que volvería para estar presente en la sesión de investidura, que dijo que estaba dispuesto a afrontar lo que le esperaba y que ha mentido sobre su deseo de dejar en evidencia a los jueces del Tribunal Supremo que se niegan a aplicarle la ley de amnistía votada en el Congreso a su imagen y semejanza.

Las mentiras y la fuga han dejado paso a las sospechas, que se han convertido en la materia prima de la política de oposición. Sospechas sobre la dejadez del Gobierno en la huida del prófugo. Sospechas sobre la inoperancia de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de los servicios de información en el control de las fronteras para impedir la entrada y salida -si se ha producido- de Puigdemont de España y cumplir las órdenes judiciales. 

Sospechas sobre la infiltración del independentismo en los mossos d’esquadra. Para hacer frente a las sospechas se ha desplegado una batería de excusas baladíes y no menos previsibles que van desde quitarse de encima las responsabilidades a no haber previsto una situación plausible, dada la catadura mentirosa de quien debía ser detenido.

La última bala de la que disponía Puigdemont para hacer descarrilar la investidura de Illa era precisamente su detención, que habría abortado la sesión plenaria del pasado jueves, que habría dado origen a manifestaciones más numerosas de las de su recepción, y la ha malgastado por una acción para la que se han acabado los adjetivos descalificativos y las referencias a géneros literarios grotescos. Y porque ha quedado como un pusilánime que ha demostrado que su verdadero temor era entrar en prisión a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la amnistía a su caso.

A partir de ahora todo lo que diga o haga Carles Puigdemont resultará irrelevante y el martirologio del que ha vivido ya no tendrá la misma repercusión en la vida política catalana hasta que sea beneficiado por la ley de amnistía que ahora hay menos prisa por aplicarle. Y al huir de la justicia ha certificado una realidad incuestionable que venía avalada por la decisión de las urnas, el fin del 'procés' tal y como contribuyó a aplicar desde el Palau de la Generalitat.  

Fernando Lussón es comentarista político