El pasado 29 de Julio, la dirección de ERC ha firmado un documento de 25 páginas, como preacuerdo con el PSC, para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, a cambio de reformas sustanciales en la financiación catalana. El acuerdo alcanzado entre PSC y ERC tiene un objetivo claro: la resolución del conflicto político mediante el reconocimiento de Cataluña como nación, y una financiación singular para la plena soberanía fiscal de Cataluña. 

Para conseguirlo, todos los esfuerzos se van centrar en implementar lo que han denominado financiación singular, que avanzará hacia la plena soberanía fiscal, en la gestión y liquidación del total de los impuestos, en el fomento del uso social del catalán, y, finalmente, en reforzar la acción exterior de la Generalitat.

Las principales claves del preacuerdo son las siguientes: 1) Financiación singular y Hacienda catalana o Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), mediante cesión del 100% de tributos a la Generalitat desde el año 2025, estableciendo un nuevo modelo de financiación propia basado en la negociación bilateral con el Estado, bajo el principio de que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña, por un lado, y que la aportación catalana a las finanzas del Estado se limite a la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña, y la aportación a la solidaridad;2) Pacto nacional por la lengua catalana, como lengua vehicular y del sistema educativo; y 3) Programa de fomento de la vivienda protegida.

El pacto con ERC implica situar a Cataluña al mismo nivel de autonomía fiscal que el País Vasco y Navarra. Esta cesión es otro paso más para conseguir el objetivo irrenunciable de la independencia de Cataluña. El término concierto está reservado para el País Vasco, al igual que el convenio se usa para Navarra y el régimen económico fiscal para Baleares y Canarias. Así pues, el sistema de financiación común de las autonomías ha saltado por los aires.

Según Sánchez, el concierto catalán es un paso hacia la federalización de España. Sánchez no descarta extender este modelo al resto y pide negociar bilateralmente con las CCAA. El Estado federado, ejemplo clásico es el de USA, es el estado libre asociado a un gobierno central, constituido por diversas unidades territoriales soberanas, o por la descentralización de un Estado unitario, regidos por una constitución común a todas ellas.

El presidente del gobierno no ha aclarado si Cataluña sale del régimen común de financiación autonómica, ni tampoco ha detallado cómo se articulará el concierto y cuál será el cupo. Cataluña tendría que negociar un cupo, es decir, la cantidad que contribuirá al Estado en concepto de solidaridad y servicios no transferidos. Este cupo debe ser justo y equitativo para evitar agravios comparativos, porque tiene efectos sobre la redistribución de la riqueza y privilegia a una comunidad sobre el resto; es muy reaccionario, porque perjudica a todos los españoles.

Hay quien opina que, con este acuerdo, el PSOE ha cavado su tumba. El dinero tampoco lo recibirán los contribuyentes catalanes que son quienes pagan más impuestos y tienen más deuda per cápita. Al final, ERC ha conseguido su objetivo: que la Generalitat tenga la llave de la caja de la financiación, a cambio de apoyar un gobierno de Salvador Illa, que se concretaría en que la comunidad saldría del régimen común, recaudaría el 100% de los impuestos y pagaría al Estado un porcentaje en concepto de cuota de solidaridad.

La ley nuclear que debe modificarse es la LOFCA, puesto que en ella se contemplan las delegaciones de tributos a las autonomías. 

Efectivamente, el documento suscrito entre ERC y PSC reconoce que el concierto no podrá materializarse sin modificar la Ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas de 18-12-2009 (LOFCA), que necesita de mayoría absoluta en el Congreso, así como la Ley de cesión de tributos.

En mi opinión, el concierto catalán está abocado al fracaso, en primer lugar, por ser de imposible aplicación, al ser inconstitucional y contrario al estado de derecho, que garantiza los principios de igualdad de todos los españoles y de solidaridad interterritorial; y en segundo lugar, por falta de mayorías políticas, como lo han anunciado, tanto la oposición de PP y VOX, como las formaciones regionalistas de la Chunta Aragonesista, Coalición Canaria y Compromís.

Los técnicos de Hacienda han mostrado su rechazo frontal al concierto económico catalán, y alertan de que la propuesta de avanzar hacia un modelo tributario federal podría extenderse a las demás CCAA. Sánchez admitió que el concierto económico es un paso hacia la federalización de España. Aunque lo cierto es que, si esto se cumple, que cada autonomía recaude sus impuestos, sería más bien una confederalización que una federalización.

Francisco Javier Sagüés Sala es abogado