El debate sobre la financiación autonómica se ha situado, más que nunca antes, en el primer plano del interés político. Aunque lo ha hecho de la peor manera posible. Como una cuestión más ligada a la conformación de un próximo Gobierno para Cataluña y a la estabilidad del Ejecutivo Sánchez que como un asunto de interés común de todos los españoles. 

Máxime cuando, a partir de la reivindicación del independentismo catalán de un sistema parejo al vasco y al navarro, se recurre a “la singularidad” como un término polisémico, no sólo equívoco sino deliberadamente engañoso. 

De entrada, sería mejor referirse a un sistema de financiación basado en la suficiencia, la equidad y la solidaridad. Aunque estos conceptos parezcan faltos de vigor o demasiado planos a ojos de quienes buscan ante todo la diferenciación de su autonomía. 

La tarea es tan ardua, compleja y delicada que no tiene sentido alguno que los responsables públicos se instalen en la ambigüedad, y menos que ésta se utilice además para la confrontación interterritorial. Es imprescindible que se alcance un mayor consenso en torno a las balanzas fiscales, cuando ni en el ámbito académico ni entre los institutos de estudio existe el acuerdo preciso en cuanto a su método de cálculo.

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 Resulta obligado identificar los desafíos comunes derivados de la centrifugación del carácter social del Estado de las autonomías. Catalogar las necesidades y competencias específicas. 

Determinar en qué medida todas las autonomías requieren de una mayor potestad recaudatoria, renunciando a reclamar del erario común fondos que compensen las mermas presupuestarias causadas por sus eventuales rebajas fiscales. 

La reivindicación del cupo para Cataluña no puede acabar distorsionando el sistema. Y eso es algo que han de entender los catalanes. Del mismo modo que las discrepancias entre la utilización del criterio de población o el de su dispersión exigen una mayor comprensión mutua entre comunidades.