El órdago sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el presidente Sánchez ha trasladado al PP, no ha hecho más que agudizar el pulso entre las dos formaciones. 

Y ha generado la lógica respuesta del presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, que ayer avisó a Sánchez de que “sería aterrador” recortar los poderes del Consejo, y exigió concreción al líder del Ejecutivo.

El eco de las palabras del ultimátum de Sánchez, que ayer certificó que su reforma será “constitucional” y que el Ejecutivo no interferirá en el Poder Judicial, también se ha dejado notar en Bruselas, donde anuncian que esperan propuestas concretas de ambos partidos antes de reactivar la mediación.

El presidente anunció el miércoles que “el Gobierno de España, junto al Congreso” procederían a desbloquear la situación si el partido de Feijóo no reacciona en el plazo de dos semanas. Olvidándose de que, constitucionalmente, el Gobierno no tiene nada que hacer al respecto.

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Ni el secretario general del PSOE puede apelar a la Cámara baja pretendiendo que los socios de su investidura vayan a secundar su iniciativa. Sánchez aparcó la posibilidad de elegir a los miembros del Consejo por mayoría simple, desoyendo los requerimientos de algunos de sus aliados. 

Empezando por Sumar. Opción que no cumpliría con los estándares exigidos por la Comisión Europea. Pero no explicitó la fórmula por la que, mediante la sugerida modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podría designarse a los magistrados de distintas instancias judiciales hurtando tal potestad al CGPJ. 

Sánchez considera que el PP encuentra en el bloqueo de la renovación del Consejo el “incentivo perverso” para continuar manteniendo tal atribución. 

Como si Génova guiara el nombramiento de los titulares del Tribunal Supremo, de los Superiores autonómicos y de la Audiencia Nacional. Pero todo procedimiento alternativo a la competencia actual del CGPJ la trasladaría a ámbitos en los que la influencia partidaria sería tanto o mayor que la existente.

Ni la precariedad legislativa del Gobierno de progreso, ni la alternancia en espera que representan los populares, son capaces de ofrecer una solución duradera constitucionalmente solvente a ojos de Bruselas. La resistencia, por parte del PP, a suscribir acuerdos al respecto que parecían prácticamente cerrados no puede continuar siendo el argumento al que recurre el Gobierno para mantener el desamparo sobre la Administración de Justicia.