El inicio este lunes 22 de abril de las comisiones de investigación creadas en el Congreso y el Senado anticipa semanas de comparecencias de políticos y de personas relacionados con presuntos delitos de corrupción. Las instituciones del poder legislativo tienen la responsabilidad de fiscalizar situaciones de interés público en el ejercicio de sus facultades y son pieza clave en el edificio democrático. Sin embargo, a lo largo de la etapa constitucional, más de una treintena de comisiones impulsadas por las Cámaras han ofrecido escasos resultados en su finalidad esclarecedora. La gravedad del ‘caso Koldo’ y la necesidad de auditar las adjudicaciones de las distintas administraciones de material sanitario durante la pandemia exigen todos los exámenes que sean necesarios. Lo deseable es que la actuación de Senado y Congreso establezca responsabilidades políticas si las hubiera, pero evitando convertir las comparecencias en espectáculo.