El Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, la OCDE y la Airef, entre otros organismos, advirtieron ya que la última reforma de las pensiones era insuficiente para asegurar la sostenibilidad del sistema, que empieza a afrontar la masiva jubilación de la generación del “baby boom”. Un numeroso colectivo formado por aproximadamente 14 millones de personas nacidas entre 1957 y 1977 que cuentan con carreras de cotización muy elevadas, lo que acarreará pensiones generosas y añadirá aún más tensión a un sistema en números rojos. La Comisión Europea confirmaba este viernes los augurios antes mencionados de distintos organismos en un informe sobre el impacto del envejecimiento que trae malas noticias para España. El estudio asesta un varapalo al Gobierno de Pedro Sánchez, y del mismo se desprende que nuestro país es de los peor preparados para el envejecimiento de la población y tendrá que aplicar ajustes de 11.700 millones anuales con recortes del gasto o una subida de las cotizaciones de empresarios y trabajadores que penalizaría el empleo. Un ajuste que podría empezar cuando llegue la primera evaluación de la reforma de pensiones pactada con el Ejecutivo comunitario y que se llevaría por delante las proyecciones del exministro Escrivá, y que el Gobierno sigue defendiendo. Bruselas aceptó hace un año un plan con cálculos cogidos con alfileres que evitaba medidas impopulares pese al oscuro horizonte demográfico y la delicada situación de la Seguridad Social. Lo hizo a condición de revisar cada tres años su desarrollo y de que fuesen corregidos los desvíos en sus previsiones. El documento conocido esta semana desmonta las infladas estimaciones del Ejecutivo de Sánchez que, salvo un más que improbable cambio de tendencia, se verá obligado a poner en marcha entre 2026 y 2030 acciones dolorosas, pero ineludibles, que ha intentado esquivar hasta ahora, sobre las que sería deseable un amplio acuerdo político y con los agentes sociales.