El Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta, aprobó ayer una iniciativa de ese grupo que abre un choque institucional sin precedentes desde la Transición al requerir al Congreso que retire la proposición de ley de amnistía para no incurrir en un conflicto de competencias. El motivo principal expuesto por los populares es que la norma orgánica pactada entre el Gobierno y los independentistas catalanes a cambio de la investidura de Pedro Sánchez oculta una reforma constitucional que precisaría un acuerdo entre las dos cámaras que forman las Cortes Generales. La propuesta es discutible desde el punto de vista jurídico. Aunque el encaje en la Carta Magna del borrado de los delitos por el procés ofrece dudas más que razonables a tenor de las opiniones emitidas por numerosos expertos, resulta cuestionable que el Senado pueda condicionar la capacidad legislativa del Congreso amparándose en un informe de sus letrados sobre una materia en la que la última palabra corresponderá al Tribunal Constitucional. La exacerbación de la política partidaria conduce al vaciamiento de los espacios comunes de la democracia y a la instrumentalización de sus instituciones. El Ejecutivo y los partidos que lo conforman o apoyan alegan que los populares están utilizando su control del Senado como trinchera de oposición. Pero probablemente no en mayor grado de lo que el bloque de la investidura utiliza el Congreso para sacar adelante sus iniciativas y como caja de resonancia. La coalición gobernante defiende la constitucionalidad de la amnistía, al tiempo que destaca su relevancia para afianzar la convivencia. El PP insiste en que el atajo legal empleado hurta a los españoles el consenso político e institucional que exigiría esa medida. La votación de ayer puede resultar más eficaz como gesto testimonial sobre la carencia de un consenso amplio que si la mayoría absoluta del Senado se obstina en sustanciar una quiebra institucional de imposible salida.