Es tan transparente que cuesta encontrar los informes de fiscalización. Me estoy refiriendo al apartado “Transparencia” de la web Gobierno abierto de Navarra. Hasta hace apenas unas semanas, muchos de los informes que hoy están publicados, no estaban. Siguen faltando otros. Y a la vista de todo lo que está ocurriendo, me he tomado la molestia de revisar los innumerables informes de fiscalización publicados en esa web, todos ellos correspondientes al mandato de la presidenta Chivite. Nada menos que 24 páginas. Todos los departamentos del Gobierno de Navarra han cometido distintas irregularidades por “Omisión de Intervención” y por prescindir de los trámites previstos en la Ley Foral de Contratos, así como de la fiscalización previa de esos expedientes. ¿Y cómo se resuelven todos esos Informes de Fiscalización? Pues ninguneando a los interventores. Si Intervención manifiesta su opinión poniendo de relieve infracciones al ordenamiento jurídico o discrepancias con la actuación de los órganos de gestión, no pasa nada; el expediente es trasladado al Gobierno de Navarra para su resolución, y a correr. Luego están los informes con “reparo no suspensivo”, informes que Intervención General, en algunos casos, resuelve atendiendo a las alegaciones del Departamento afectado, aunque se mantienen los reparos de los letrados. Y por último están los informes con “reparo suspensivo”, informes que reflejan irregularidades e ilegalidades y en los que Intervención General mantiene su criterio de “suspensivo” a pesar de las alegaciones del Departamento implicado. Y de esos, hay varios. Y como el Departamento de Cohesión Territorial está en boca de todos por la adjudicación del túnel de Belate, paso a detallar como muestra tres de esos Informes de Fiscalización que afectan al departamento dirigido por Óscar Chivite y que reflejan un patrón de irregularidades:

Obras de Conservación en el “Camino de Aralar”. Dichas obras las realizan dos empresas distintas, y cada una de ellas emite una factura que roza los 40.000 €. Según la Ley de Contratos Públicos, “se considerarán contratos de menor cuantía aquellos cuyo valor estimado no exceda de 40.000 € cuando se trate de contratos de obras”. El Interventor Delegado, entre otras cosas, considera que “las dos facturas se refieren a obras de conservación de una misma ubicación” por lo que “se debería haber tramitado un expediente de contratación de cara a licitar un único contrato de obras sometiendo la actuación al principio de concurrencia”. Intervención General resuelve a favor del informe del Interventor Delegado. Reparo suspensivo levantado por el Gobierno de Navarra. Y aquí no ha pasado nada.

Obras de Conversión de la carretera N-121A, Pamplona-Behobia, travesía de Olave. Esta es gorda. El contrato de la obra sufrió un incremento del 29,33 % (casi tres millones de euros) y, mediante Resolución del Director General de Obras Públicas e Infraestructuras, cargo de libre designación, se aprobó la modificación del contrato. El informe del Director General de Intervención dice que “la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, en su apartado 1, impone que las modificaciones del contrato, independientemente de su valor, no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y se limiten a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria, pues en otro caso estaríamos ante una nueva adjudicación por afectarse el contenido esencial del contrato que exigiría la convocatoria de una nueva licitación”, y añade que “el incumplimiento de los requisitos para modificar un contrato, establecidos en el apartado 3 del artículo 114 señalado, convierte a esta modificación en ilegal”. El discrepante con el Director General de Intervención fue ese funcionario, ingeniero, que no letrado, con cargo de libre designación que ha visto prorrogada su edad de jubilación hasta, de momento, los 73 años. Reparo suspensivo resuelto por el Gobierno de Navarra. Y aquí no ha pasado nada.

Luminarias para varios proyectos de obras públicas. En la web de “Transparencia” faltan informes sobre este tema, pero este periódico nos ha contado que el Departamento de Cohesión Territorial ha exigido una marca concreta de luminarias para varios proyectos de obras públicas a pesar de que los letrados y el interventor han advertido de forma reiterada que es una práctica ilegal que contraviene la libre competencia y que puede generar una dependencia tecnológica. El Interventor reclamó una investigación en Obras Públicas “para dilucidar las responsabilidades que pudieran existir”. De nuevo, aparece en el expediente el funcionario con cargo de libre designación que ha visto prorrogada su edad de jubilación hasta los 73 años. Reparo suspensivo levantado por el Gobierno de Navarra. Y aquí no ha pasado nada. Y mientras el contribuyente sufre la inflexibilidad y arrogancia de la Administración, el Gobierno de Navarra avala todas las irregularidades e ilegalidades cometidas por sus Departamentos. A destacar el silencio cómplice de los socios de María Chivite: Geroa Bai, Podemos y Bildu.

Y el Consejero Chivite, que tiene abierto un procedimiento sancionador por la comisión de una “infracción grave” al contravenir la Ley Foral 19/1996 de incompatibilidades del Gobierno de Navarra, amenazando con denunciar a todo aquél que cuestione lo hecho en su Departamento. ¿Incluye en su amenaza denunciar a los Interventores? ¿A que no hay?

Y Cerdán que sigue sin decir ni este Koldo es mío.

Chon Latienda Urroz es comentarista política