La reducción del déficit al 3,66% del PIB el pasado año -dos décimas por debajo de las previsiones del Gobierno y un punto menos que en 2022- representa un apreciable avance en la corrección de uno de los principales desequilibrios de la economía española. Esa mejora facilita el camino para cumplir las nuevas reglas fiscales de la UE, recién activadas tras una excepcional suspensión para superar las crisis derivadas de la pandemia y la guerra en Ucrania con un fuerte impulso al gasto público que ha disparado tanto esa variable como la deuda. El regreso a la ortodoxia implica el desafío de no rebasar el listón del 3% fijado por Bruselas; un objetivo más próximo gracias al dinamismo de la actividad, en contraste con el conjunto de la Eurozona, y al récord de recaudación por impuestos, favorecido por la inflación. Su consecución no exigirá ajustes, según la vicepresidenta María Jesús Montero. Una postura que choca con las reticencias del Banco de España y la Airef, entre otros organismos, que ven muy improbable alcanzar esa cifra sin tijeretazos a algunas partidas de las administraciones o subidas tributarias. No está claro cómo puede influir en este ámbito la prórroga de los Presupuestos por el adelanto de las elecciones catalanas, que dificulta sobremanera un acuerdo entre el Ejecutivo y sus socios. La medida favorece el control del déficit al congelar numerosas partidas de gasto. Sin embargo, no impide aprobar nuevas inversiones si encuentran el apoyo suficiente en las Cortes y deja en el aire los impuestos especiales a la banca y las energéticas, que generan controversia en algunos aliados de Sánchez y cuya aportación a las arcas públicas estaba contemplada en las proyecciones remitidas a la Comisión Europea. Si el desempeño reciente de la economía española ha sorprendido por algo es por superar previsiones del Gobierno tenidas de forma generalizada por demasiado optimistas. Ello no obsta para admitir que el regreso de la disciplina fiscal a la UE para dotar de estabilidad a las finanzas implicará una contención presupuestaria que deberá reflejarse ya en las Cuentas de 2025.