Hace unos días se vivió en Pamplona un momento puntual que ahora se pretende convertir en un castigo ejemplar, siendo inevitable interpretarlo también como un deseo de amedrentar a los que se expresan en defensa de sus intereses.

El Parlamento de Navarra se reunía en Pleno para aprobar los Presupuestos Generales para el 2024. Era, por otro lado, la última oportunidad que tenían los empresarios agrarios de ver reducido su agravio fiscal con respecto a sus colegas del resto del país y que lleva ya varios años padeciendo. Muchos de ellos se dieron cita a las puertas del Parlamento para recordar a los representantes del pueblo navarro que se estaba a tiempo de tomar medidas para corregir esta situación. Lo más frustrante para todos los allí convocados fue que la enmienda que pretendía corregir esa situación no fue siquiera admitida a debate. Las razones esgrimidas fueron “no admitimos la enmienda porque entendemos que, en estos momentos, hay una aminoración de los ingresos. Esta enmienda tendría que ser informada preceptivamente por el Gobierno, por lo tanto, se retrasaría la aprobación de los presupuestos”.

Con todo el respeto para quien así se expresó, qué forma más ruin de evitar el debate, de quitarse el problema de en medio. Como lo son también los comentarios posteriores de “para qué vamos a hacer nada por estos agricultores si luego ninguno nos vota”. No podemos agradecer a estas familias esforzadas que nos cuiden y nos alimenten durante las crisis como la pandemia, pero cuando todo eso pasa no deberíamos ignorarles y poco menos que darles una patada. Nos revelamos ante esta situación. Como lo hacen los empresarios agrarios que se movilizan incluso ante la inacción de sus organizaciones representativas para hacerse escuchar y expresar que no todo vale, que ya está bien de las normas impuestas por Bruselas con la complacencia de los gobiernos de Madrid y Navarra y, sobre todo, que en el marco de sus competencias el Gobierno foral no se preocupa suficientemente por dotar de agua los secanos, por mejorar la eficiencia de los regadíos, por sectores en crisis como el del vino, por la dificultad de encontrar trabajadores para las labores del campo, etc...

Por esto, cuando hoy vemos a agricultores esposados en las furgonetas de la Policía Foral, expresamos nuestro pesar porque los servidores del pueblo (se supone que ese es el papel de los parlamentarios y del Gobierno), los definen poco menos que como delincuentes y los acusan sin piedad, pero para nada se preocupan de sus problemas. Ni una sola reunión de la Comisión de Desarrollo Rural o Cohesión Territorial con los agricultores movilizados. Así es muy difícil entender sus problemas y diseñar respuestas a sus reivindicaciones. También resulta decepcionante la posición adoptada por las Organizaciones Agrarias que se autodefinen como las “únicas” representativas del sector. Urge ya un congreso extraordinario de la UAGN para que los afiliados se expresen y no avance la ruptura de esta que siempre ha sido una gran organización, de carácter fundamentalmente reivindicativo.

Los problemas de las mujeres y hombres del campo no son de izquierdas ni de derechas, son de la sociedad rural. Por ello, sugerimos que los parlamentarios y el Gobierno deberían analizarlos y afrontarlos de forma aséptica, sin razonamientos de “éstos son o no son de los míos”. El campo nos alimenta y nos proporciona muchas cosas más, pero a cambio en determinados aspectos se siente maltratado. Su gente no reclama un “vale todo”; pide ser escuchado, análisis de sus demandas y tanto sentido común como agilidad en las soluciones que se adopten. Es necesario recuperar el diálogo, la tranquilidad y la cordura para avanzar y, por encima de todo, trabajar todos en la misma dirección.