La administración foral es la principal empresa de nuestra comunidad por recursos, empleos y servicios, y a pesar de las medidas de mejora que se anuncian con frecuencia, siguen faltando estrategias para aumentar su eficiencia y eficacia. Hay inercia, burocracia y ausencia de rendición de cuentas en su funcionamiento. Algunos defectos de la gestión de lo público están bien documentados desde hace tiempo, sin que nadie ponga coto al despilfarro ni tenga determinación para cambiar las cosas.

Resulta urgente abordar el debate de la productividad y los salarios en la administración. Los salarios en el espacio público no son elevados. La remuneración en los niveles superiores es más baja que la que se establece para una responsabilidad similar en los ámbitos privados. Hay una falta absoluta de discriminación positiva a favor de los más competentes. Se necesita menos antigüedad y puntos y más capacidades y competencias para promocionar a los mejores. Por ello, hay que evaluar la actuación de los empleados públicos y ligar competencia, responsabilidad y resultados con salarios. No digo que sea fácil.

Es imprescindible pensar en sistemas innovadores de provisión de servicios. La financiación puede ser pública, pero la prestación puede realizarse con distintos formatos; fundaciones públicas o privadas, agencias, sociedades mercantiles, institutos... ¿Qué cambios convendría impulsar? La reforma de la administración es un reto, es compleja. No será fácil cambiar, las resistencias son enormes. Hay muchas personas en el sistema que observan la realidad desde posiciones cómodas de empleo y rentas para toda la vida y asumiendo pocos riesgos.

Se ofrecen algunas ideas para el debate. Hay tres principios que la experiencia internacional y algunos desarrollos de buenas prácticas europeas sugieren:

-Situar al ciudadano en el centro de la toma de decisiones: los gobiernos con administraciones más avanzadas han entendido que la satisfacción de los ciudadanos es la clave. Se debe escuchar a los ciudadanos, darles voz a través de encuestas y grupos de interés; pero también darles poder a través de sistemas en los que puedan elegir quién va a prestarles determinados servicios y cuánto estarían dispuestos a pagar por recibir ciertas prestaciones. Se pueden utilizar sistemas de mercado, introduciendo competencia y favoreciendo la elección del usuario. Se deben diseñar incentivos que lleven a los funcionarios a considerar al ciudadano en el centro de la prestación. Hay que romper el monopolio y buscar formas novedosas de prestación de los servicios.

- Descentralizar, dar poder a los empleados y exigir resultados. Los gobiernos emprendedores transforman sus modelos descentralizando capacidad de decisión. Las empresas lo están haciendo desde hace tiempo. Se puede dar más responsabilidad y capacidad de decisión a los empleados públicos a cambio de hacerles responsables de los resultados obtenidos. Si hay más autonomía de gestión, será necesaria una mayor rendición de cuentas. Ya vale de sistemas de control que sólo sirven para el cumplimiento de reglas formales. Hay que medir, evaluar, discutir y controlar los resultados. Si no hay gestión asociada a resultados no se incentiva le eficiencia, no se responsabilizan los gestores, no se optimiza la inversión pública y no se establecen mecanismos de trasparencia y reconocimiento social centrados en lo que de verdad importa a los ciudadanos. Este es el camino, la rendición de cuentas para generar trasparencia y reducir la corrupción.

-Flexibilizar el empleo público. Hay que acabar con la uniformidad de políticas de gestión de las personas que valen lo mismo para inspectores de hacienda, guardas forestales, médicos, profesores o trabajadores sociales. Hay que introducir estrategias de recursos humanos avanzadas y desistir de muchas rutinas burocráticas basadas en la antigüedad y los puntos. La hipersindicalización de la administración pública ha introducido rigidices y uniformidad en la gestión de las personas y ha conseguido simultáneamente, aumentar el coste y empeorar la prestación de los servicios. ¿Hasta cuándo este camino? En definitiva, los déficits financiero y de resultados de la intervención pública deben servir para reconocer oportunidades para repensar el papel y la forma de organizar el espacio público. La solución a medio plazo no pasa por una devaluación de salarios y una pérdida de cualificación y prestigio de los empleados públicos y sus tareas. Así no mejoraremos ni la educación, ni la sanidad, ni la seguridad, ni las infraestructuras, actividades todas ellas imprescindibles para avanzar como sociedad.

La alternativa para tener unos servicios públicos de calidad pasa por una reorganización de la intervención pública. Necesitamos una administración focalizada y competente, que incorpore a su gestión fórmulas que evalúen costes y beneficios. La estrategia de reformas pasa por nuevos diseños institucionales, cambios e innovaciones normativas, sistemas de incentivos y rendición de cuentas y desarrollo de nuevas capacidades para atender los desafíos de la sociedad del conocimiento. Estos ingredientes tienen poco que ver con más centralización, más parcelación y división de responsabilidades, más burocracia y más control formal. El papel de la administración es demasiado importante como para improvisar soluciones o que la inercia impere. Los ciudadanos queremos una administración que funcione, no una que sigue decepcionando al prestar los servicios básicos.

Emilio Huerta. Catredrático UPNA.