Cuatro días después del revés judicial propiciado por el Tribunal Supremo, anulando el traspaso en exclusiva de la competencia de Tráfico a Navarra, la presidenta María Chivite anunció ayer que ha decidido tomar la iniciativa para lograr la transferencia y hacerlo mediante una reforma del Amejoramiento. Sin duda, sería el camino más lógico para solucionarlo y sustanciar la decisión en el tiempo, dotando a la competencia de las necesarias garantías y seguridad jurídica. El debate jurídico abierto tras el fallo del Supremo así lo atestigua. La vía por la que se decanta la presidenta es una de las dos opciones que dejaba abiertas el Supremo en su sentencia: o reformar el Amejoramiento (para aclarar que la competencia es de Navarra) o aprobar un ley orgánica de cesión de competencias. El anuncio de María Chivite es el comienzo de los trámites de una larga iniciativa legal, que, además de tiempo, requerirá de mayorías absolutas en el Parlamento de Navarra, así como en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Sin duda, un reto no menor el que se avecina, y más conocida la postura anunciada ya por el PP, en un momento de alta crispación política y en el que pensar en consensos en torno a cualquier asunto se torna altamente complejo. Al anuncio de María Chivite le sigue ahora pues la ardua tarea de verdad: conseguir ese necesario consenso político para que la reforma del Amejoramiento pueda llevarse a cabo, lejos del mercadeo y la urgencia política, causante, en parte, de la situación actual. Empezando, lógicamente, por Navarra. Las competencias de Tráfico en exclusiva han sido una demanda mayoritaria de los partidos políticos navarros, aunque existan diferencias en cuanto a su aplicación. Lo que está por ver ahora es si son capaces de mantener el entendimiento para fijar una postura común. De esa postura y de la pedagogía que después sean capaces de hacer en Madrid, que se antoja necesaria, dependerá el éxito de una iniciativa que se mueve más en el debate político y jurídico que en la preocupación ciudadana.