"Transferencia y debate jurídico"

"El consenso político que desde hace años veía en Tráfico una competencia histórica de Navarra choca ahora con una lectura más restrictiva del Supremo que no casa con su jurisprudencia anterior"

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Editorial DN

Publicado el 21/02/2024 a las 05:00

La sentencia del Tribunal Supremo, anulando el traspaso en exclusiva de la competencia de Tráfico a Navarra, y el motivo de fondo en el que sustenta su argumentación, ha puesto sobre la mesa un debate que se entendía mayoritariamente superado. Es la tesis de que se trata de una competencia histórica de Navarra, idea mantenida de forma mayoritaria entre los juristas, eso sí, con la excepción de un foralista como Del Burgo, que ya adelantó la tesis que ahora ratifica el Supremo. El propio Estado, además de Navarra, sostenían en este pleito el que se trataba de una competencia histórica. Una cuestión, por tanto, sobre la que existido a lo largo de los años un amplio consenso político, si bien es cierto que en todo este tiempo no se ha conseguido implementar la transferencia. Ahora, el Tribunal Supremo, adoptando un fallo que no casa con la jurisprudencia anterior del propio Supremo en 2018, realiza una lectura más restrictiva para el derecho foral, algo que habrá que analizar si tiene consecuencias para el futuro. Y resuelve que para este traspaso es necesario o reformar el Amejoramiento (para aclarar que la competencia es de Navarra) o aprobar una ley orgánica de cesión de competencias. El debate jurídico vuelve a evidenciar que frente a los blancos y negros hay posturas que no siempre son tan claras y están sujetas a interpretación. Ayer mismo, el Gobierno de Pedro Sánchez señalaba que la decisión del Supremo de paralizar la transferencia de tráfico a Navarra es una “cuestión de forma y no de fondo” que se puede subsanar con cambios legislativos. Ni será tan sencillo ni es sólo de forma. A tenor de lo que estima la sentencia, parece que la manera más lógica de solucionarlo y de sustanciar la decisión en el tiempo pasaría por dejarlo más claro en el Amejoramiento, para garantizar la seguridad jurídica y desde el necesario consenso político. Siempre partiendo de la premisa que es un debate que se mueve más en el plano jurídico y político, con una escasa afección para unos ciudadanos que lo único que quieren es contar con los servicios más eficaces y coordinados posibles.

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