"Tractorada: tiempo de espera"
"Las conversaciones entre el Gobierno foral y los agricultores bajan en parte los decibelios de la protesta mientras crece la incertidumbre de que nuevos sectores se sumen a las movilizaciones"

Publicado el 10/02/2024 a las 05:00
En el cuarto día de las movilizaciones protagonizadas por los agricultores y ganaderos, cuyas protestas han bloqueado las principales carreteras de Navarra con sus tractores, el Gobierno foral se reunió con representantes de las organizaciones agrarias y con una delegación de los agricultores que se están movilizando desde el pasado 6 de febrero. En la misma, el Ejecutivo foral adquirió el compromiso de analizar mejoras fiscales para que los agricultores navarros no se encuentren discriminados con respecto a otras comunidades. Este fue uno de los puntos abordados en la reunión, en la que también se pusieron sobre la mesa otros aspectos más técnicos y la modernización de las infraestructuras de regadío. De esta manera, los agricultores aceptaban dar una semana al Ejecutivo para trabajar lo acordado y volverse a reunir. A expensas de ver cómo se sustancian las medidas que el Gobierno quiere promover ahora, no parece de recibo que hubiera que esperar a que la tractorada “invadiera” Pamplona y las principales carreteras de la Comunidad, para tomar en consideración algunas reivindicaciones que sí dependen de Navarra y que vienen de lejos. Después de la reunión de ayer, los agricultores han decidido bajar la presión de las movilizaciones, empezando por sacar los tractores de Pamplona, pero éstas seguirán en otras zonas de Navarra en solidaridad con sus compañeros de España y Europa. Ayer, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que participó en la entrega del Premio Navarra Empresarial, organizado por la CEN y Diario de Navarra, reiteró el apoyo a los agricultores, pero alertó del riesgo que pueden suponer las manifestaciones no ordenadas y la posible incorporación del sector del transporte a las protestas del sector del agro. El campo merece ser escuchado y recibir una respuesta realista a sus inquietudes. Pero también debe medir la repercusión en la vida ciudadana de sus acciones de fuerza, porque, de lo contrario, corren el riesgo de que éstas acaben copando mayor protagonismo que sus legítimas reivindicaciones.