La Junta de Fiscales del Supremo se declaró ayer partidaria de que el Alto Tribunal investigue por un presunto delito de terrorismo a Puigdemont. Después de un intenso debate, doce de sus quince miembros vieron indicios suficientes, a partir de la instrucción iniciada por el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, de que estuvo al frente de la plataforma Tsumani Democràtic, que provocó graves disturbios en protestas contra la sentencia por el procés. El ponente, Álvaro Redondo, también calificó así los hechos en un primer momento antes de cambiar de parecer en tres días y observar en ellos solo desórdenes públicos en un texto rechazado por amplia mayoría. El pronunciamiento no es vinculante: la postura definitiva del ministerio público depende del criterio de la teniente fiscal del Supremo, que habrá de basarse en sólidos argumentos jurídicos y ser valorado en función de la solvencia de ellos y no de intereses partidistas. La controversia indica hasta qué punto la anunciada promulgación de una amnistía ha podido generar una viva inquietud entre jueces y fiscales ante la acusación del independentismo de que habrían actuado, nada menos que desde 2012, con el ánimo de reprimirlo generalizando el lawfare y adoptando resoluciones injustas a conciencia. Los partidarios de la impunidad por el 1-O consideran que la Judicatura debería mantenerse al margen de cuantos asuntos pudieran ser objeto de la anunciada ley orgánica, a la espera de que su publicación en el BOE obligue a aplicarla. A su entender, lo contrario supone la intromisión de la Justicia en las tareas del Poder Legislativo. Como si la primera no tuviera entre sus funciones la investigación y enjuiciamiento de supuestos delitos sean quienes sean los autores a los que se les atribuyen. Es desconcertante que semejante cuestionamiento del Estado de Derecho arrastre al PSOE, con la excepción de algunas declaraciones formales de respeto a la Justicia por parte del ministro Félix Bolaños.