El pasado 23 de enero, este periódico destacó que, en el proyecto de presupuestos del Gobierno de Navarra para 2024, el gasto de personal crecerá un 10,5%. Ninguna empresa privada de Navarra podría soportar semejante crecimiento en una partida tan fundamental de su cuenta de resultados sin ser menos competitiva y con la absoluta seguridad de verse abocada a cerrar en pocos años.

Algún bien pensado dirá: “igual es que los gastos estaban estancados desde hace años”. No precisamente. En el artículo se señalaba que esa partida había crecido en una década un 67%, de 1.114 a 1.863 Millones de euros. Si uno indaga un poco más, verá que este crecimiento disparatado del gasto se debe, entre otras cosas, al incremento del número de funcionarios, un 30,4% más de empleados públicos que hace una década.

La 4ª comunidad con más empleados públicos por habitante. Hábitos de nuevos ricos.

Al mismo tiempo, las empresas privadas se ven obligadas a apretarse el cinturón año tras año. La digitalización y los avances tecnológicos han permitido que las empresas privadas logren ser más eficientes en el uso de la mano de obra. Y no lo son por capricho. Si no, el mercado nos expulsará. Para beneficio del consumidor los competidores lo harán mejor y más barato, ya que estos quieren buenos productos y más servicios al mejor precio.

Sin embargo, la Administración foral camina en sentido contrario. Cada vez más grande, más cara e ineficiente. Difícil de explicar y entender que, en este contexto de digitalización y sin haber asumido nuevas competencias, el número de empleados públicos haya crecido de manera tan acusada.

Otro motivo del fuerte incremento del gasto en empleados públicos ha sido el pacto de subida de los salarios. Este supone 1/3 del crecimiento, 49,6 millones solo en este año. Pero el principal problema a futuro del gasto es que en la administración se transforma en un tema estructural, convirtiéndose en una partida absolutamente inelástica a la baja. Una piedra más en la ya de por sí pesada mochila del contribuyente que solo crecerá en tamaño. Nunca descenderá, al contrario de lo que sucede en las empresas privadas, que para poder sobrevivir en tiempos difíciles se encuentran en la obligación de “hacerse pequeñas”: recortar empleo, salarios o ambos a la vez. O cerrar en muchos casos.

Esto conlleva una verdadera “brecha salarial” y de condiciones laborales de la que nadie se atreve a hablar.

El salario medio del empleado público en Navarra es de 41.598 €/año, en el sector privado poco más de 28.000 €/año. Si a esto le sumamos las condiciones laborales de ciertos colectivos: jubilación a los 59 años, días de “asuntos propios”, seguridad… no nos sorprenderá que la única aspiración de cada vez más jóvenes navarros sea ser funcionario. De hecho, las academias están llenas de chavales que quieren un puesto “segurico” y trabajar lo menos posible. Háblenles de emprender, a la gran mayoría ni se les ocurre, ¿para qué?.

Ustedes pensarán que, “si tenemos más funcionarios y mejor pagados, al menos el servicio será de lujo”. Pues no. Todo lo contrario. El servicio “estrella” donde más ha crecido el gasto, un 25% en 3 años, ha sido la Sanidad. Sin embargo, la satisfacción del cliente se ha desplomado, las listas de espera se han disparado y el servicio ha empeorado hasta el punto de que, durante más de un mes, las embarazadas de Tierra Estella han tenido que venir a Pamplona a dar a luz. Como sucedía en la posguerra.

Entonces, ¿qué está pasando con nuestro dinero?

Porque al contribuyente, que no es otro que el pagano de toda esta fiesta, no para de subirle la factura. En 2016, la recaudación líquida de la Hacienda Foral fue de 3.289 millones. En 2022 han sido de 4.193 millones, un 27,5% más. En 2023 rondará la cifra de 5.000 millones. Una subida del 50% respecto a 2016. Si la economía navarra no ha crecido un 50% desde 2016, el crecimiento de la recaudación se deberá en su mayor parte a una subida de la presión fiscal.

Algunos políticos se atreven a decir que el dinero público no es de nadie, pero como bien saben ustedes, ese dinero extra se resta de los bolsillos de los ciudadanos, y no va ni para consumo ni para ahorro ni para inversión. Simplemente, se destina a engordar una mastodóntica administración que, por lo que se ve, presta peor servicio que cuando era más pequeña.

Una deuda cada vez mayor que pagarán los que vengan por detrás, nuestros hijos. Todo un disparate.

Álvaro Bañón Irujo. Economista y Profesor de la Universidad de Navarra